La DGA se ha gastado tres millones de euros en unos planes de conservación que “siguen sin ajustarse” a la directiva europea

En referencia al Decreto publicado se han observado varias deficiencias y desde la FCQ han enviado varias alegaciones, "los Planes no deberían aprobarse en su redacción actual y que el Decreto de aprobación debería revisarse profundamente”

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Ordesa. Foto: FCQ.

El pasado mes de septiembre de 2020, se sometió a información pública el proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de Aragón y se aprueban los Planes de Gestión de las ZEC y de las ZEPA de la Red Natura 2000 en Aragón.

A lo largo de estos meses de 2020, los grupos conservacionistas de Aragón, han colaborado muy activamente en el proceso de participación con el objetivo de mejorar los futuros Planes de Gestión de la Red Natura 2000. “A pesar de nuestra sugerencias de cambios, los Planes expuestos siguen sin ajustarse a la exigencia de las Directiva, ya expresadas en la carta de emplazamiento de la Comisión Europea (CE), recibida por el Gobierno de España en julio 2020”, denuncian desde la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.

En referencia al Decreto publicado se han observado varias deficiencias y desde la FCQ han enviado alegaciones. En la documentación del anuncio de la información pública, no consta el expediente completo, que debe comprender al menos la Orden de inicio y el informe técnico-administrativo justificativo de la necesidad del Decreto y del contenido.

En la exposición de motivos del Decreto no se expone información de lo que realmente ha ocurrido hasta el momento de su aprobación, al no citarse por ejemplo los incumplimientos de su aprobación, apuntan desde la fundación. El Decreto incorpora los denominados Planes de Valores, que no poseen definición legal, ni tampoco la categoría jurídico-ambiental.

“Se pretenden aprobar unos Planes para las ZEC, que se declaran en el mismo Decreto, que no cumplen las exigencias de la Directiva, como demuestra la carta de emplazamiento de la Comisión Europea”, añaden desde la FCQ que asimismo coloca como uno de los temas “clave” del Decreto la definición de los efectos jurídicos de la declaración de las ZEC. Sin embargo, según la fundación “no aparece en el Decreto, delimitando los derechos y obligaciones adquiridas por los propietarios y las administraciones con la declaración, entre las que la más importante es la de la protección preventiva y la Evaluación Adecuada (EA) de las actividades que pueden afectarles”.

Por otra parte se indica que el diagnóstico tiene un carácter meramente informativo, cuando es la información ecológica básica para formalizar los Planes y es una obligación de la Directiva. Por último el Decreto no determina el concepto legal ni técnico de medidas, que deben ser de dos tipos, de mantenimiento y de restauración de los hábitats y especies, y “deben estar perfectamente diferenciadas”.

La FCQ concluye criticando que “a pesar de haberse gastado tres millones de euros en la redacción de los Planes (principalmente mediante encargos a la empresa SARGA), desde las ONGS seguimos opinando que los Planes no deberían aprobarse en su redacción actual y que el Decreto de aprobación debería revisarse profundamente”.

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