El grupo municipal de Izquierda Unida denuncia los recortes directos e indirectos aplicados desde la DGA en conceptos como el Convenio Marco de Acción Social, la teleasistencia o el Ingreso Aragonés de Inserción, cuya suma total desde el inicio de legislatura supone 5.280.000 euros.
“En lo que llevamos de legislatura –ha señalado el portavoz de IU en la Comisión de Acción Social, Pablo Muñoz- se ha rebajado un 34% la aportación del Gobierno de Aragón para la gestión por parte del Ayuntamiento de competencias propias de la DGA”. El Convenio del año 2013, del que se ha dado cuenta en la comisión a raíz de una interpelación de IU, recoge 600.000 euros menos, que se suman a los 2.400.000 euros que se han recortado desde el inicio de la legislatura.
Asimismo, Muñoz ha preguntado en la Comisión de esta mañana por las ayudas de urgente necesidad que se han dado para suplir la “inexistencia” del Ingreso Aragonés de Inserción (que en 2013 sólo se ha concedido a siete personas). En este sentido, se ha conocido que de octubre a marzo, en tan sólo cinco meses, el Ayuntamiento ha dado ayudas de urgencia a personas solicitantes del IAI por valor de 705.000 euros. “Si extrapolamos esa cifra a 12 meses, las ayudas que debería otorgar la DGA y que está cubriendo el Ayuntamiento alcanzarían los 1.680.000 euros”.
Por otra parte, Muñoz ha interpelado a Fernández en relación con el servicio de teleasistencia, quien ha informado que el convenio se resolverá en fechas próximas, con una aportación de 1.091.400 euros desde el Gobierno de Aragón y desde el Ayuntamiento, respectivamente. En este sentido, el concejal de IU ha indicado que “aunque se haya bajado el precio por terminal, lo que es innegable es que el servicio pierde más de 600.000 euros de financiación, que pueden redundar en la pérdida de calidad del servicio”. “Esta aportación, anteriormente procedía del IMSERSO a través de la FEMP, pero la responsabilidad última es de la DGA, que para 2013 ha asumido sólo una parte de su financiación”.
Pablo Muñoz ha exigido al responsable político del área de Acción Social “mayor contundencia en sus negociaciones con el Gobierno de Aragón para confrontar este ataque, así como reclamar que la DGA haga frente a sus obligaciones competenciales y financieras con el Ayuntamiento”.
Oposición a la Ley Antiayuntamientos
Además, Pablo Muñoz ha instado a Roberto Fernández a “convocar urgentemente a todos los sectores implicados antes de que finalice julio, para diseñar una posición activa que permita rediseñar programas para que puedan ajustarse a la nueva ley”. También ha recordado al consejero de Acción Social su deber de velar por el futuro tanto de los trabajadores propios como los de las contratas, puesto que “hasta ahora sienten que no se les está atendiendo”. En este sentido, Fernández ha aceptado la propuesta de IU de crear un grupo de trabajo con los servicios afectados y entidades de acción social, dependiente del consejo sectorial de acción social para construir una política activa frente a la ley de bases.
