El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón incluye en sus listados de centros públicos de Formación Profesional al Instituto Agroambiental de Chaca pero, sin embargo, considera que no existe a la hora de valorar la experiencia del profesorado que allí trabajan en la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal que está en marcha. STEPA denuncia este “increíble caso” como “una muestra más del desprecio del Ejecutivo de Javier Lambán hacia sus trabajadores interinos, que ya le lleva no solo a saltarse la ley sino la misma lógica”.
En cumplimiento, aunque muy incompleto, de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, Educación publicó en noviembre un procedimiento extraordinario por concurso de méritos para el profesorado con más de seis años encadenando contratos temporales para cubrir puestos de necesidad permanentes.
Así pueden optar a estabilizar su plaza en función de su formación y, sobre todo, su experiencia académica. Con la baremación provisional ya publicada, la Dirección General de Personal ha aprobado ahora una resolución por la que “no se valora la experiencia docente en el Instituto de Formación Agroambiental de Chaca (IFA)”, ni en los apartados para “experiencia en centros públicos”, ni tampoco como “centros de carácter privado”.
Esta decisión supone que profesorado interino con décadas impartiendo clases en el IFA quedan fuera de cualquier posibilidad de estabilización, “sin ninguna explicación admisible y en completa discriminación con los de otros centros”.
Dar clases y no acumular experiencia
La propia web del centro de Chaca explica que entró en funcionamiento en el año 1972 como Escuela de Capacitación Agraria Especialidad Forestal, dependiente del Ministerio de Agricultura; después, con las transferencias a los territorios, pasó a depender del Gobierno de Aragón. Actualmente imparte el ciclo formativo de grado medio “Aprovechamiento y conservación del medio natural” y el ciclo de grado superior “Gestión forestal y del medio natural”, además de cursos específicos.
STEPA resalta que el IFA “imparte títulos oficiales y más del 25% de los Agentes de Protección de la Naturaleza de Aragón estudiaron en el IFA”, y también “es el Gobierno de Aragón el que paga las nóminas a sus trabajadores”, por lo que “no cabe en la cabeza que a la hora de reconocer un derecho, la DGA pretenda que este centro no existe, y más cuando este año se han llenado la boca repitiendo que era el 50 aniversario del centro”.
No es el único caso en el que el Gobierno de Aragón afirma que un profesor o profesora puede dar clases oficiales y no acumular experiencia. En la misma resolución, se ha excluido junto al IFA, el trabajo en la Academia Logística de Calatayud, dependiente del Ministerio de Defensa, aunque un convenio firmado con el Ministerio de Educación que reconoce al alumnado el título de Formación Profesional, y otro con la Consejería de Educación que permite la colaboración de profesores y profesoras civiles en la impartición de las asignaturas de los Títulos de Técnico Superior.
¿Y los interinos e interinas?
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) subraya que este caso “que atenta contra toda lógica”, solo se explica “dentro del panorama de persecución contra los interinos en abuso de temporalidad, a los que se sigue echando a la calle sin respetar su derecho legal a estabilizar su puesto de trabajo”.
“El cuatripartito infringe sistemáticamente las leyes que obligan a que las necesidades permanentes estén cubiertas por personal fijo y a estabilizar a los temporales en abuso, y no defiende ni la calidad ni la estabilidad en el empleo púbico”, ha recalcado STEPA.
El sindicato ha reclamado acabar con “la privatización de servicios, la amortización de plazas, las convocatorias fraudulentas, los despidos ilegales, la ocultación de información y el incumplimiento de la ley de estabilización” y ha destacado que las elecciones sindicales del próximo mes de mayo serán decisivas para consolidar un cambio “que no afecta solo a los trabajadores públicos, sino a toda la ciudadanía”.
