Durante el pasado mes de febrero Intress, Diagrama y Grupo Norte visitaron las instalaciones del Centro de Observación y Acogida (COA). Estas son las tres entidades con las que parece estar negociando el Gobierno de Aragón para gestionar este recurso de protección de menores. Son fuentes de la propia DGA las que han reconocido públicamente dichas negociaciones manifestando ofertar las mismas condiciones del pasado concurso, que recientemente quedó desierto.
Por su parte, el equipo educativo del COA confía en que pese a las declaraciones antes referidas, “el Gobierno de Aragón haya mejorado las condiciones del pasado concurso. Algo que podría explicar por qué tres empresas que decidieron no participar en el pasado concurso público si muestren su interés ahora”. Cabe que recordar que con las condiciones anteriores tan sólo FAIM concursó, para renunciar posteriormente al recurso ya adjudicado.
El colectivo ‘Educadores y educadoras en lucha’ ha remitido un carta a estas tres entidades, y abierta a la ciudadanía, para informarles que consideran que las condiciones del pasado concurso “ponen en riesgo el cumplimiento de la Ley 12/2001 de la Infancia y Adolescencia en Aragón”, y que consideran “que existe un flagrante recorte económico con una partida presupuestaria insuficiente para hacerse cargo de los gastos esenciales de los menores y la subrogación laboral de los educadores”. Y también que “se incluyen nuevas funciones que suponen una reducción del personal de atención directa y el deterioro de la atención a los niños y niñas acogidas en el COA”.
Los educadores y educadoras del COA solicitan a estas empresas “un compromiso en caso de que asuman la gestión del COA en unas condiciones que consideramos inadecuadas y peligrosas, un compromiso que a nuestro juicio garantizaría unos mínimos en la atención de los menores que el propio Gobierno de Aragón debería exigir. Si este acuerdo no se produce persistiremos en nuestra lucha y en la huelga indefinida que iniciamos el pasado 1 de noviembre. Y en el caso de detectar cualquierirregularidad en la atención a los menores se denunciará por la vía legal correspondiente”.
Así mismo, los portavoces del COA anuncian que “de consumarse un acuerdo entre DGA y cualquier empresa con las mismas condiciones del concurso desierto, se recurrirá ese contrato ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)”. También recuerdan que el pasado 17 de febrero, y acreditando un interés legítimo en el proceso, se solicitó oficialmente acceso al expediente de contratación que según la ley de contratación pública debe obrar en manos del Gobierno Aragón, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.
