Desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza no cesan en el empeño por encontrar vías que garanticen el acceso a la vivienda a todas las personas. Gracias a la organización movilización social, han conseguido siempre presionar a la administración para lograr parar los procesos de desahucio y obtener para las familias alternativa habitacional, ya vía vivienda social de la DGA o a través de Zaragoza Vivienda.
“Nos encontramos ya en la recta final del año, y con ello la fecha que pone fin al decreto que (en teoría) paraliza los desahucios en situaciones concretas”, explican desde el Sindicato de Inquilinas.
El 31 de diciembre, fecha en que los desahucios se reactivarán, llegará “sin ninguna solución real al problema de la vivienda, sin un aumento del parque de vivienda social, y sin garantías de que esto vaya a suceder en ningún momento”, denuncian desde este colectivo.
“Y sobre todo, con compañeras del Sindicato, familias trabajadoras, que llevan años sometidas a la incertidumbre de no saber hasta cuándo podrán quedarse en su casa, o si llegará la vivienda social que les garantice un techo, y a la que tienen derecho por lo frágil de su situación económica”.
Además desde el Sindicato de Inquilinas advierten de que “la falta de respuesta por parte de la DGA, con la CHA y Verónica Villagrasa a la cabeza de la gestión de la vivienda social en Aragón, ha llegado a unos niveles graves”.
Según han conocido, más de un mes después de que el Chusticia d’Aragón se pusiera en contacto con el Departamento de Vertebración, no ha recibido respuesta alguna acerca de la solución, vía vivienda social, para una de las afectadas de este colectivo que se encuentra pendiente de que le señales la fecha de desahucio. El pasado agosto trasladó en esta institución la necesidad de llegar a una solución y que las administraciones le concedieran una alternativa habitacional. El 18 de octubre el Chusticia le comunicó que había intentado ponerse en contacto con Dirección General de Vivienda y no había recibido ninguna respuesta.
“Los procesos de lucha son largos, de años, y las familias trabajadoras se ven envueltas en una situación extremadamente complicada, y parece que ni PSOE ni CHA planean dar respuestas a las necesidades del pueblo aragonés”, añaden desde el Sindicato de Inquilinas.
Por ello, llegan a este final de decreto “hartas del desgaste y sufrimiento que causan estos procesos, de la falta de respuesta y de la falta de alternativas y soluciones a tan poco tiempo del 31 de diciembre”.
Y añaden que “estamos hartas de la falta de garantías de acceso a la vivienda, de la mercantilización de un derecho fundamental como es el techo”.
