Desde el Gobierno de Aragón aseguran que “las potabilizadoras de aguas de Tarazona y de Torrellas ya tienen instalado un sistema de tratamiento ultravioleta para impedir que el protozoo Cryptosporidium vuelva a ocasionar una crisis como la registrada este otoño, que obligó a implantar restricciones en el consumo de agua al municipio turiasonense, además de a Novallas, Torrellas y Los Fayos”, así como que “el agente causal que contaminó el agua de la red de abastecimiento, el Cryptosporidium, es resistente al cloro, pero se ha demostrado que es desactivado eficazmente por una dosis baja de luz UV, sin que se produzcan subproductos de desinfección. En Novallas y los Fayos se sigue trabajando en la adaptación de las potabilizadoras para albergar los equipos en los próximos días”.
El Instituto Aragonés del Agua ha comprado equipos de radiación con luz ultravioleta por valor de más 369.000 euros “para ser instalados en las potabilizadoras de los municipios afectados”. “La radiación ultravioleta es un método físico instantáneo que puede usarse para la desinfección y/o esterilización del agua para consumo humano, con capacidad para eliminar microorganismos (bacterias, hongos, algas, virus, protozoos…) al destruir su ADN e impedir su reproducción”, aseguran desde la DGA.
Y detalla que “la desinfección con UV no aporta químicos ni sabor, olor, pH o conductividad y no cambia la temperatura del agua. El material preciso está fabricado en acero inoxidable de gran calidad, que incorporan lámparas especiales de mercurio de baja presión, protegidas en cápsulas transparentes. La luz emitida por estas lámparas es concentrada (90%) y capaz de destruir o inactivar microorganismos como el Cryptosporidium y otros presentes en el agua”.
El presidente aragonés en la coalición PP-Vox-PAR, Jorge Azcón, y el consejero ultraderechista de Sanidad, José Luis Bancalero, visitaron este pasado lunes 20 de noviembre las instalaciones de la estación de tratamiento de agua potable de Tarazona “para conocer de primera mano cómo es esta tecnología y las ventajas de seguridad que ofrece en el suministro”. Azcón y Bancalero estuvieron acompañados por el director del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún, y “representantes municipales de varios pueblos afectados, y se interesaron por conocer las circunstancias peculiares de cada una de las localidades”.
Aunque su gobierno ha asegurado “el fin de manera definitiva de la crisis”, el ultraderechista Bancalero “ha apostado por seguir investigando para evitar en el futuro problemas similares”, señalan desde la DGA, mientras recordaba que “la luz ultravioleta es una solución mucho más ágil y segura que otras opciones que se han barajado -incluyendo la de entubar el río Queiles- para atajar esta problemática”.
Recuerdan desde la DGA que “el brote de gastroenteritis se declaró el fin de semana del 9 y 10 de septiembre en la ciudad turiasonense cuando se registró un pico inhabitual de casos de diarrea que llamó la atención de los sanitarios. Pronto se sospechó que la causa de ese cuadro clínico estaba en el agua. Aunque los primeros análisis daban parámetros microbiológicos normales, los expertos de Salud Pública insistieron en mantener las restricciones de agua. Los resultados de los cultivos de laboratorio realizados con heces de personas enfermas permitieron confirmar el 14 de septiembre que el agente causal del brote era un protozoo del género Cryptosporidium”.
Dos meses después la DGA ha sido incapaz de aclarar dónde se produjo el foco, cual es el origen del mismo, y en consecuencia, las responsabilidades si las hubiere. Cabe recordar que la Fiscalía está analizando la información aportada por las Federaciones de Ecologistas en Acción de Aragón y Soria.
“A lo largo de estos meses han trabajado en esta crisis profesionales del Servicio Aragonés de Salud, farmacéuticos y veterinarios de los distintos servicios de Salud Pública, Medio Ambiente y Agricultura, además de la Guardia Civil, inspectores sanitarios, investigadores de la Universidad de Zaragoza, expertos en microbiología, en Sanidad Animal, Agentes de Protección de la Naturaleza, técnicos de la administración, ingenieros de Agricultura y de Interior y Emergencias, además de voluntarios que han ayudado también en el reparto de agua”, destacan desde la DGA, sin hacer una valoración económica del impacto de estas actuaciones.
La DGA sí informa de haber destinado “un total de 488.975,59 euros en la gestión de esta crisis, 41.103,46 euros, en Salud Pública, 43.273,84 euros en actuaciones de Interior y Emergencias, y el resto en tratamientos biocidas y de UV del Instituto Aragonés del Agua. En estos gastos, no obstante, no está cuantificados los costes de investigación epidemiológica, guardias, inspecciones, atención sanitaria, análisis en laboratorios del Sanidad”, confirman desde el Gobierno de Aragón.
Así, mientras Azcón y su consejero Bancalero se lavan las manos con agua tratada con tecnología ultravioleta, la población de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, y las comarcas limítrofes, desconocen si el brote de gastroenteritis se volverá a producir, al desconocer el origen real del sufrido durante este comienzo de otoño.
