La Delegación del Gobierno en Aragón continúa sus ataques contra las políticas aplicadas por el Gobierno de Zaragoza

El consejero de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha informado del requerimiento que ha llegado al Consistorio de la capital aragonesa, y por el que Delegación del Gobierno en Aragón quiere anular parte del pacto convenio que se firmó entre los representantes de los y las trabajadoras y el Gobierno de Zaragoza el pasado 4 de noviembre

El consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, en rueda de prensa. Foto: AraInfo.

Este jueves, en rueda de prensa, el consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha informado del requerimiento que ha llegado al Consistorio de la capital aragonesa y por el que Delegación del Gobierno en Aragón quiere anular parte del pacto convenio (2016-2020) que se firmó entre los representantes de los y las trabajadoras y el Gobierno de Zaragoza el pasado 4 de noviembre.

Al parecer, el pasado viernes, Delegación del Gobierno envió un escrito al Ayuntamiento de Zaragoza requiriendo la anulación de hasta ocho artículos de dicho pacto convenio. “Desde el Gobierno municipal, tras este requerimiento, tenemos que decir que nos sentimos orgullosos de ese acuerdo alcanzado con los sindicatos”, señalaba el consejero. “En primer lugar, porque es un acuerdo que recupera derechos laborales de los y las trabajadoras municipales que fueron arrebatados en los años de crisis económica por las políticas austericidas del Partido Popular y del Partido Socialista”, subrayaba Cubero.

“En segundo lugar –continuaba el consejero-, porque es un acuerdo que se alcanza con un consenso histórico que nunca se había dado en este ayuntamiento y más aún con la pluralidad sindical que existe en estos momentos con siete fuerzas sindicales”, explicaba Cubero. “Y en tercer lugar, seguimos considerando que este acuerdo es técnica y jurídicamente correcto, porque así también lo avalaron los técnicos municipales de este ayuntamiento”, matizaba.

Así pues, la Delegación del Gobierno solicita la retirada de hasta ocho artículos del pacto convenio. Uno de ellos hace referencia a la jornada laboral, concretamente a las 35 horas, y otros se refieren a artículos que ya estaban reflejados en anteriores pactos convenio, “y que nunca la Delegación del Gobierno había solicitado que se retiraran con anteriores gobiernos”. Alguno como por ejemplo, el “permiso solidario”, que consiste en el permiso que tienen los y las trabajadoras municipales “cuando van a realizar actos solidarios a otros países del mundo”.

Sin ir más lejos, este viernes los bomberos de Zaragoza se desplazan a los campamentos saharauis a enseñar cómo utilizar el material donado, como son los camiones de Bomberos y otro tipo de material. En esta situación, los y las trabajadoras que se desplacen hasta dicho lugar solicitarán este permiso solidario “que existe desde hace muchos años en este ayuntamiento y nunca había sido requerida su anulación por parte de Delegación del Gobierno”.

Para Cubero, este recurso es “un ataque político a los derechos de los y las trabajadoras, a la recuperación de derechos y a la negociación colectiva”. Además, el ataque dirigido desde Delegación del Gobierno “va contra las competencias y la autonomía municipal, y a la capacidad que tienen los ayuntamientos para regular las condiciones laborales”. En definitiva, este recurso no es más que un ataque del Partido Popular, utilizando a la Delegación del Gobierno, “para imponer sus intereses políticos y precarizar las condiciones laborales de las y los trabajadores”.

El consejero ha informado que los servicios técnicos y jurídicos municipales se encuentran en estos momentos analizando el requerimiento. Sin embargo, Cubero ya ha adelantado su negativa a aceptar dicho requerimiento y de esta forma, continuarán adelante con el pacto convenio firmado con las fuerzas sindicales.

Cabe señalar, que esta no es la primera vez que desde Delegación del Gobierno se presenta un requerimiento en contra de las políticas o acuerdos alcanzados por el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza. Ya ocurrió lo mismo el verano pasado cuando, mediante un decreto, Zaragoza en Común introdujo una cláusula esencial en los pliegos administrativos, que permitía no conceder adjudicaciones o rescindir contratos a empresas sancionadas por realizar actividades ilegales vinculadas a paraísos fiscales. En esos momentos, desde Delegación del Gobierno se tachó de ilegal tal decreto y se solicitó su derogación porque, según manifestaron, infringía la ley al no respetar la presunción de inocencia de las empresas y porque el Ayuntamiento carecía de competencias al respecto.

Para finalizar, Cubero ha asegurado que este asunto se trasladará al Pleno municipal de este viernes para que todos los grupos puedan debatir sobre el mismo. Además, también ha indicado que el plazo para anular, en caso de que así sea, estos ocho artículos por los que desde Delegación del Gobierno ha presentado este requerimiento, concluye el 25 de diciembre.

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