La Fundación 14 de Abril ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por PP y Ciudadanos con el apoyo de la ultraderecha de Vox, de mantener en el callejero zaragozano nombres de calles dedicados a personajes relevantes del régimen franquista. Es por ello que Zaragoza en Común ha registrado una moción para exigir en el pleno municipal del 20 de diciembre que se saquen del callejero los nombres de aquellas personas que alentaron el odio y la violencia desde las esferas de poder del régimen Franquista.
“Demandamos al Ayuntamiento de Zaragoza -señala Álvaro Sanz, Presidente de la Fundación y portavoz de IU- una vez que el equipo de Gobierno que preside Jorge Azcón nos ha comunicado su decisión de paralizar la eliminación del nomenclátor de calles dedicadas a personajes y cargos públicos franquistas y afines a la sublevación fascista contra el Gobierno de la II República”.
“En el mes de febrero, con la entrada en vigor la Ley de Memoria Democrática de Aragón, y con la Ley Estatal de Memoria Histórica de 2007 tenía todo el fundamento jurídico ese cambio de nombre de varias calles zaragozanas que, al estar dedicadas a demostradas personalidades del régimen franquista, por incumplir la obligatoriedad de retirar de los espacios públicos los recuerdos y homenajes al franquismo”, detalla Pedro Santisteve, portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común.
En el mes de marzo de este año, Zaragoza en Común, como gobierno municipal alcanzó el acuerdo llevar a cabo los cambios en el callejero, de tal forma que la calle de Allué Salvador estaría dedicada a Lola de Ávila (Maestra mundial de danza, hija de María de Ávila), la de Gonzalo Calamita a Martina Bescós García (primera cardióloga española) y la de Arzobispo Domenech a Emilio Gastón (primer Chusticia d’Aragón en la democracia), pero que se abría un plazo de información pública, de veinte días, en las juntas de distrito correspondientes, informando de que las dos denominaciones convivirían durante dos años con el fin de minimizar al máximo los posibles perjuicios a los vecinos y comerciantes.
“Sorprendentemente, el mes pasado, el equipo de Gobierno del Sr. Azcón y la Sra. Fernández, nos comunican que desisten del cambio y que, por ello, se mantienen en el callejero zaragozano los nombres actuales”, comenta el presidente de la Fundación 14 de Abril. “En la comunicación remitida alegan falta de informes históricos”, añade Sanz, “como si no fuera conocido y estuviera documentado” que Manuel Allué Salvador, fue falangista y presidente de la Diputación de Zaragoza tras la sublevación militar de julio de 1936; que Gonzalo Calamita, fue el rector que dirigió la depuración franquista de la Universidad desde octubre de 1936 hasta que se jubiló en septiembre de 1941 y que el arzobispo Rigoberto Domenech fue el impulsor de la adhesión de obispos y jerarcas de la Iglesia al bando franquista y el que llegó a proclamar, al declarar como “cruzada” la sublevación fascista llegando a argumentar que “la violencia no se hace en beneficio de la anarquía, sino lícitamente en beneficio del orden, la patria y la religión”.
Si hay calles franquistas no hay subvenciones
Por su parte, Anabel Lapuente de la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón ha recordado que en el régimen sancionador de la Ley de Memoria Democrática se contempla que “si las nomenclaturas de las calles, los monumentos a todos los fascistas no se retiran la ciudad y el pueblo que no lo haga no recibirá ni un euro de subvención del Gobierno de Aragón. Esto los zaragozanos deben de saberlo y después que no digan que no hay dinero, muchas veces no llega por el mal cumplimiento o por el no cumplimiento de las leyes”.
Asimismo, ha denunciado que las asociaciones memorialistas llevan “luchando mucho tiempo porque esto se normalice y que en España de verdad la democracia se base en algo sano, en algo que está curado. Ahora en este momento tenemos una democracia que está enferma porque está basada en fosas, en cunetas y en mentiras”.
Tanto ZeC como Izquierda Unida y la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón consideran que la decisión de Azcón vulnera la Ley Estatal de 2007 que insta a la retirada de calles y espacios públicos de referencias y menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión franquista y pensamos, también, que esta decisión vulnera la Ley de Memoria Democrática de Aragón que, además, la semana pasada se ratificó en Las Cortes.
