La Corrala Utopía y los movimientos sociales acusan a Ibercaja de mentir

La Plataforma de Apoyo a la Corrala Utopía de Zaragoza está moviendo una campaña de firmas para adherirse al último comunicado hecho público por la Corrala Utopía de Sevilla. La Plataforma zaragozana llama a solidarizarse con los y las vecinas sevillanas "ante las nuevas noticias que precisan de una actuación y un apoyo fuerte desde Zaragoza donde tenemos la central [de Ibercaja]. Además la Plataforma convoca una nueva concentración en la capital aragonesa para este jueves 6 de marzo a las 18.00 horas en la plaza Paraíso 2, frente a la oficina central de la entidad bancaria. En el comunicado …

Imagen de una de las caceroladas en la sede de Ibercaja en Zaragoza. Foto: Noé Felipe
La Plataforma de Apoyo a la Corrala Utopía de Zaragoza convoca una concentración este jueves a las 18.00 horas frente a la oficina central de Ibercaja. Imagen de una de las caceroladas en la sede de Ibercaja en Zaragoza. Foto: Noé Felipe

La Plataforma de Apoyo a la Corrala Utopía de Zaragoza está moviendo una campaña de firmas para adherirse al último comunicado hecho público por la Corrala Utopía de Sevilla. La Plataforma zaragozana llama a solidarizarse con los y las vecinas sevillanas "ante las nuevas noticias que precisan de una actuación y un apoyo fuerte desde Zaragoza donde tenemos la central [de Ibercaja]. Además la Plataforma convoca una nueva concentración en la capital aragonesa para este jueves 6 de marzo a las 18.00 horas en la plaza Paraíso 2, frente a la oficina central de la entidad bancaria.

En el comunicado de la Corrala Utopía, titulado "Ibercaja miente", los y las vecinas sevillanas recuerdan que la entidad dijo, en un escrito dirigido al juzgado hace una semana, que "no existe abierta ninguna vía de negociación con los imputados ni con ninguna otra institución que pudiera representarles o erigirse como mediadora del conflicto". Esto ocurre después de aplazar durante cinco días la orden de desalojo que comenzaba el 15 de febrero, en vistas, de la reunión de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, para dar una salida habitacional a las familias.

Sin que esta reunión llegara a celebrarse Ibercaja pidió a la jueza que se continuara "con la ejecución de la medida cautelar acordada, sin que quepa el aplazamiento solicitado por la Junta de Andalucía".

La resolución judicial hace saber que la orden de desalojo de la Corrala Utopía ya ha sido trasladada a las fuerzas policiales. En cualquier momento podría producirse el desalojo. En dicha resolución señala que se le notifique a las consejerías de Fomento y Vivienda y Salud, así como a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, "a fin de que provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio menores y otras personas en riesgo de exclusión social".

"La Corrala somos todas"

La Plataforma de Apoyo a la Corrala Utopía de Zaragoza señala que tras la retirada -durante 5 días- de la orden de desalojo el pasado viernes 14, "con la supuesta finalidad de encontrar una solución de realojo efectiva", tenemos de nuevo la triste noticia de que la jueza y sobre todo la Fiscalía han optado por una interpretación conservadora del derecho procesal penal y han vuelto a reabrir la orden de desalojo. La Fiscalía debería haber apoyado una suspensión al menos hasta que se resolviera el recurso de apelación contra el auto de desalojo y, como garante de los derechos humanos, posicionarse con los vecinos y no con el banco".

Los colectivos y movimientos sociales que apoyan a la Corrala Utopía manifiestan su "más profundo malestar" por el desalojo forzoso del edificio decretado por el Juzgado de Instrucción Nº3 de Sevilla y tachan la decisión de tan "desafortunada" como "perversa" por "el ánimo de Ibercaja por desahuciar a un grupo de familias sevillanas que han protagonizado una lucha ejemplar".

"No podemos tolerar que millones de viviendas, en su mayor parte propiedad de la banca culpable de la crisis avalada por un sistema que ha respaldado el lucro y la especulación de los poderosos a costa de los ciudadanos, sigan vacías mientras miles y miles de familias pierden su hogar cada mes", denuncia la Plataforma.

"Un posible desalojo de la Corrala Utopía constituiría, según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un acto ilegal. Antes de desahuciar y dejar en la calle a una familia debe haber, tal y como establece el Tribunal, una alternativa por parte de las administraciones públicas, responsables en última instancia de que un Derecho Humano tan esencial, como es el de la vivienda, se cumpla", asevera.

Por ello, "llegado este momento en que Ibercaja manifiesta claramente que prefiere que los vecinos vivan en la calle, aunque el edificio se quede vacío, antes que aceptar ningún tipo de uso del mismo a través de un alquiler social", instan a "las administraciones públicas, a las instituciones, y concretamente al ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía", que garanticen "una solución colectiva para las familias de la Corrala Utopía".

Corrala Utopía: dos años de lucha

Durante todo este proceso de lucha que dura ya casi dos años estas familias "han construido un auténtico ejemplo de organización colectiva". Por eso, la Plataforma zaragozana entiende que todas las personas que habitan el inmueble "deben tener una solución y que ésta ha de ser colectiva".

"Todas las familias que han conformado la Corrala Utopía estaban vinculadas al barrio de la Macarena, en la ciudad de Sevilla. Durante estos dos últimos años han reforzado su pertenencia a este barrio de la ciudad. Sus hijos e hijas están además escolarizados en los centros educativos de la zona. Por eso entendemos que cualquier solución debiera respetar ese Derecho al Arraigo que debe garantizar que las familias no vean rotos sus vínculos sociales y emocionales", apuntan desde la Plataforma.

"Las administraciones no pueden permitir que los niños, los ancianos, los enfermos y todos los miembros de estas familias pasen por la violencia de un desalojo forzoso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y sufran el calvario de verse arrastrados y tirados a la calle", denuncia para añadir que "son las administraciones, llegado este momento, los responsables de que esto no suceda. Están obligados a encontrar una solución y son responsables de ofrecerla antes de que este desalojo se lleve a cabo. Las familias no quieren y no pueden vivir en la terrible incertidumbre de no saber qué va a suceder con ellas".

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