La COP15 pierde la oportunidad de lograr un acuerdo global que ponga fin a la pérdida de biodiversidad

Finaliza la COP15 de Montreal con la aprobación del acuerdo Kunming-Montreal, importante pero insuficiente, ya que no logra los avances necesarios para lograr detener la pérdida de biodiversidad para 2030

Foto: @EU_ENV

La 15 Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés) de la Convención de la Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas celebrada en Montreal era la fecha anunciada en la que las 196 Partes firmantes del CDB, que representan a la práctica totalidad de los estados, iba a lograr un acuerdo histórico sin precedentes que supondría un punto de inflexión en la lucha por salvar el planeta. Lamentablemente el acuerdo final es más decepcionante de lo esperado. Aunque se han producido avances importantes y necesarios, los acuerdos logrados no están a la altura de lo esperado.

La clave para el éxito de la COP15 estaba en la aprobación de una estrategia internacional para la biodiversidad, conocida como Marco Global Post-2020. Dicha estrategia se ha aprobado, pero sin muchas de las medidas que se consideraban esenciales.

El Marco Global de Biodiversidad aprobado no aborda la raíz de las causas de la pérdida de biodiversidad. La causa de la crisis de la biodiversidad es un sistema que coloca las ganancias y el poder de las corporaciones sobre las personas y la naturaleza y permite que los intereses corporativos influyan en los resultados. Al no incluir suficientes mecanismos para atajar esas raíces el acuerdo no será capaz de frenar la pérdida de biodiversidad

La UE, otros países como Canadá, e incluso algunas organizaciones sociales y ambientales, pusieron siempre el foco del Marco Global en la protección del 30% de las áreas marinos y terrestres antes de 2030, y esta Meta se ha aprobado.

Sin embargo, para Ecologistas en Acción, más importante que el porcentaje del área a proteger era que los espacios protegidos tengan adecuados planes de gestión y que realmente se apliquen, algo que no se ha incluido suficientemente en el acuerdo. Si proteger el 30% de los espacios naturales permite destruir el 70% es evidente que no es un buen acuerdo.

Por eso Ecologistas en Acción, en colaboración con la CBD Alliance, ha defendido que la estrategia debía actuar sobre las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad, con compromisos contundentes para reducir la huella ecológica, y asumir medidas más ambiciosas como reducir el uso, no solo la peligrosidad, de los pesticidas o aplicar el principio de precaución a la biotecnología. Medidas de gran calado que implican soluciones para la totalidad de la superficie planetaria y no solo una porción de la misma.

La influencia de los lobbies empresariales queda en evidencia en el documento aprobado. Se limita a “animar y facilitar” a las empresas a que reduzcan su impacto en la biodiversidad. Los mecanismos citados para ello incluyen la autorregulación e informar voluntariamente de sus acciones, dejando la responsabilidad final en los consumidores. Se ha eliminado del documento la obligación de asumir “la responsabilidad jurídica de las infracciones”. Aspectos polémicos, como los mecanismos de compensación o la mención directa a las “Soluciones Basadas en la Naturaleza”, utilizados por las grandes corporaciones para el lavado verde y continuar con prácticas destructoras de biodiversidad, permanecen en el Marco Global.

Especialmente preocupante es la insuficiencia de mecanismo de implementación y cumplimiento que permita a Partes y a la sociedad civil tomar medidas sancionadoras por el incumplimiento de la Convención y sus acuerdos.

Sí se han producido algunos avances positivos respecto a los compromisos previos, sobre todo en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, la eliminación de subvenciones perjudiciales, la inclusión de la perspectiva de género y el justo reparto de los beneficios en relación a la Información Digital sobre Secuencias (DSI) de recursos genéticos.

Cuando los estudios más recientes dictaminan que una de cada 10 especies podrían desaparecer antes de que termine el siglo y se ha registrado una disminución media del 69% en la abundancia de fauna desde 1970, no se puede permitir este grado de inacción. La ciencia ha dejado claro que el colapso de los ecosistemas es inminente. Si eso ocurre, la capacidad del planeta de garantizar la vida estará en peligro.

Los países empobrecidos han exigido desde el principio de la COP15, como línea roja, el aumento de la financiación y el establecer un nuevo fondo de financiamiento para la biodiversidad, mientras que los países enriquecidos preferían reforzar el ya existente Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Estas diferencias, que llegaron a suponer en un momento dado el abandono de la mesa de negociación por parte de más de 60 países del Sur global, han lastrado las negociaciones, restando atención a asuntos de mayor trascendencia. Finalmente se ha optado por la segunda opción y la financiación aprobada es considerada insuficiente por varios países y no reconoce la deuda ecológica que tiene el mundo desarrollado. La República Democrática del Congo ha manifestado su rechazo al Marco Global. Sin embargo, el documento ha salido adelante argumentando que la objeción no se realizó adecuadamente.

Tras la aprobación de este acuerdo insuficiente, Ecologistas en Acción centrará su trabajo en lograr que la Unión Europea adopte todas las medidas que ha estado proponiendo en Montreal, por ejemplo la reducción del uso del 50% de los pesticidas, en que el Estado español y las administraciones territoriales aprueben un paquete de medidas drásticas para detener la pérdida de biodiversidad, y que las administraciones locales, desde los pueblos más pequeños a las grandes ciudades potencien la renaturalización de los núcleos urbanos y el fomento de la biodiversidad urbana.

La biodiversidad no puede esperar ni un día más, por eso Ecologistas en Acción exige a las administraciones ambientales del Estado español que empiecen a tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis ecológica.

Ya en dos ocasiones anteriores las administraciones del Estado español incumplieron los acuerdos internacionales, por lo que la sociedad civil se tendrá que movilizar si hace falta para que se adopten dichas medidas.

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