La concertada como herramienta ideológica

Hace dos semanas el consejo de administración del grupo Prisa rechazó por unanimidad una oferta de compra por 200 millones de su unidad de medios de comunicación, una unidad donde se incluye El País y la Cadena SER, pero que reporta pérdidas millonarias al grupo cada año que se han agravado durante la pandemia con la perdida de publicidad. ¿Cómo es posible que se rechace una oferta de compra de una empresa con pérdidas estructurales? ¿Por qué no hacerse con 200 millones y evitar pérdidas constantes?  Y es que el valor de la unidad de medios de comunicación del grupo …

gobierno París

Hace dos semanas el consejo de administración del grupo Prisa rechazó por unanimidad una oferta de compra por 200 millones de su unidad de medios de comunicación, una unidad donde se incluye El País y la Cadena SER, pero que reporta pérdidas millonarias al grupo cada año que se han agravado durante la pandemia con la perdida de publicidad. ¿Cómo es posible que se rechace una oferta de compra de una empresa con pérdidas estructurales? ¿Por qué no hacerse con 200 millones y evitar pérdidas constantes?  Y es que el valor de la unidad de medios de comunicación del grupo Prisa no es económico, es como herramienta ideológica y vale mucho más de 200 millones.

Con la escuela privada-concertada ocurre algo similar. En ocasiones la izquierda centramos nuestras críticas a la escuela privada-concertada en la mercantilización de un derecho fundamental, pero en este caso a diferencia de la sanidad o las pensiones lo que también subyace, es una disputa de sectores del bloque dominante por controlar una parte sustancial de uno de los aparatos ideológicos más potentes y constantes en el tiempo: la escuela.

Cuando miles de coches con lazos y globos naranjas salieron el pasado 22 de noviembre en las principales ciudades españolas en contra de la llamada “Ley Celaá”, dijeron estar a favor del “derecho a la libertad de elección de centro”. Una movilización que se enmarca en una ofensiva neoliberal que, desde los tiempos de Thatcher y Reagan, trata de desmantelar el Estado social y convertir la sociedad en una selva donde la satisfacción de las necesidades sociales ya no dependa de los derechos que conceda una ley sino del saldo bancario. Buenos coches y familias de bien, vestidas de domingo para defender a golpe de contaminación acústica y ambiental el derecho a que el dinero público pague su educación privada, pero la verdadera intención de quién los lanzó a la calle es la disputa por el control de parte de esta herramienta ideológica.

En España, el 29% del alumnado estudia en un centro privado-concertado, un hecho excepcional en la UE (sólo Bélgica nos supera), donde en muchos países la educación concertada no existe o es testimonial. La excepción española no es casual y refleja muy bien el enorme poder de la Iglesia Católica y su conexión con la élite política y económica. La inmensa mayoría de los colegios concertados son religiosos y permiten a la Iglesia mitigar su progresiva pérdida de influencia social. Ahora que la Iglesia ya no es capaz de influir en la inmensa mayoría de la clase trabajadora, al menos se centra en mantener su vínculo con la llamada “clase media”, ya sea esta real o “aspiracional”.

La educación concertada es altamente segregadora. El nivel socioeconómico de las familias que acuden a la concertada es muy superior al de la pública, que además engloba en mayor medida al alumnado más pobre (el 27% del alumnado de la pública se ubica en el 20% más pobre, mientras que en la concertada es de sólo el 11%).

Esta enorme diferencia se debe a que la educación concertada realiza un filtro de clase de su alumnado basado en dos pilares. Por un lado, con el mayor desembolso económico que deben realizar las familias debido a cuotas “voluntarias”, clases extraescolares “voluntarias” en horario lectivo o mayor coste de otros servicios complementarios (el gasto medio anual en un colegio público es de 664 euros mientras que en la concertada es de 1.252 euros). El segundo filtro se ejerce con la propia ubicación del centro ya que mientras en los barrios obreros el 90% de los centros son públicos, en los barrios ricos este porcentaje sólo es del 46%. Es decir, la educación concertada se ubica mayoritariamente en los distritos de rentas medias y altas.

Esta diferencia de clase determina que el rendimiento escolar en la concertada sea superior al de la pública (el porcentaje de repetidores en la pública duplica al de la concertada). La explicación no hay que buscarla en la calidad en la enseñanza, sino en la relación directa entre rendimiento escolar y situación socioeconómica del alumnado.

La concertada también es segregadora en cuanto a establecer diferencias de clase entre los tipos de enseñanza. En el imaginario colectivo se crea una clasificación clasista donde estarían los colegios de los ricos (privados), los de la supuesta clase media (concertados) y los “del resto” (públicos). A todos se les trasmite una misma ideología dominante, pero a cada grupo se le provee de las características ideológicas que conviene al rol que debe cumplir en la sociedad de clases, acorde al lugar que ocupará en el modo de producción. Esto se ve con claridad en la escuela privada, como los compañeros de pupitre lo son luego de consejo de administración y en cuanto a la concertada, da igual que muchas de las familias sean clase obrera (“clase en sí”), lo importante es que se identifiquen con la clase media y por tanto asimilen una posición de clase como si tuvieran un nivel socioeconómico más elevado (“clase para sí”). Y es que tan cierto es que los colegios concertados tienen un alumnado medio de un nivel socioeconómico más elevado, como que un porcentaje significativo de las familias que llevan a sus hijos al concertado son de clase trabajadora.

La segregación está en la propia razón de ser de la educación privada (sea concertada o no). Mientras la educación pública persigue la igualdad de oportunidades, la educación privada trata de ofrecer una situación privilegiada a su alumnado frente “al resto”. A través de la educación concertada, la derecha (católica y neoliberal) tiene una enorme base social sobre la que cimentar su influencia ideológica. Para ello, es necesario poder elegir libremente a su profesorado, estableciendo un filtro ideológico, y no tener la obligación de seleccionarlo siguiendo los criterios de igualdad, mérito y capacidad que marca una oposición.

No es casualidad que sean las comunidades con más renta y donde más tiempo ha gobernado la derecha las que tienen más porcentaje de educación concertada. Ahora bien, el PSOE, con su apoyo a la educación concertada, ha contribuido a crear un monstruo que ahora lo quiere devorar. Los enormes privilegios de la concertada, como el poder cobrar cuotas “voluntarias” a las familias, elegir libremente el profesorado o tener discreción para rechazar en la práctica alumnos que no interesan (por ejemplo, por tener necesidades educativas específicas), no se entenderían sin la complicidad del partido que ahora es objeto de las iras de la concertada. En Aragón, Lambán se ha caracterizado precisamente por favorecer a la concertada, algo que así reconoce la propia patronal de colegios concertados que ponen al Gobierno de Aragón como ejemplo a seguir para el Gobierno de España.

Necesitamos revertir este proceso de privatización y segregación de la educación en nuestro país de la única manera que es posible, apostando por la pública, dotándola de suficientes recursos, contratando más profesorado, construyendo colegios allí donde sea necesario y reformando los más antiguos. En este sentido, la nueva ley de educación, aunque mantiene muchos de los privilegios de la concertada, supone también una oportunidad al eliminar la “demanda social” como criterio para la oferta de plazas. Un criterio que introdujo la Ley Wert y que ha supuesto que, en aquellas zonas donde descendía la demanda, se cerrasen vías en la escuela pública en lugar de en la concertada. Veremos si el Gobierno de Aragón aprovecha esta oportunidad para optimizar el número de plazas ofertadas e incrementar progresivamente el porcentaje de alumnado que se matricula en la pública.

Sólo una educación 100% pública puede hacer real la igualdad de oportunidades y mitigar los efectos de la desigualdad social que produce el capitalismo. Y sólo desde la pública se podrán fomentarán los valores igualitarios y de justicia social y equilibrar así, aunque sea mínimamente, toda la propaganda neoliberal que nos bombardea cotidianamente.

La lucha por la educación pública es, en definitiva, la lucha por una sociedad más justa. Por ello, los que defienden el neoliberalismo y toda la desigualdad e injusticia social que acarrea, no escatiman recursos en orquestar campañas a favor de la educación concertada. No tengamos duda alguna, frente a su naranja clasista y segregador, nuestro igualitario verde esperanza.

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