La cantidad asignada al Estado español es la tercera más alta de la UE, detrás de Alemania (31.443 refugiados) y el Estado francés (24.031) y es el resultado de un cálculo basado en cuatro criterios de distribución: la población, el PIB, el nivel de desempleo y el esfuerzo previo de acogida de cada estado miembro.
Tras hacerse pública la propuesta de la CE, la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado que el Estado español acogerá a la totalidad de las personas refugiadas asignadas, 14.931.
La CE ha incluido en su propuesta de sistema obligatorio de reparto de personas refugiadas a 22 de los 28 Estados miembros de la UE, puesto que quedan excluidos Grecia, Italia y Hungría, a los que Bruselas quiere ayudar con esta medida, así como el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, que tienen un status especial y gozan del derecho de no participación en asuntos de Justicia e Interior.
El resto de los Estados miembros de la UE que acogerán a personas refugiadas son: Polonia (9.287), Holanda (7.214), Rumanía (4.646), Bélgica (4.564), Suecia (4.469), Austria (3.640), Portugal (3.074), República Checa (2.978), Finlandia (2.398), Bulgaria (1.600), Eslovaquia (1.502), Croacia (1.064), Lituania (780), Eslovenia (631), Letonia (526), Luxemburgo (440), Estonia (373), Chipre (274) y Malta (133).
Jean-Claude Juncker, presidente de la CE, presentó ésta y otras medidas en su primer discurso sobre el "estado de la Unión" en el pleno del Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo. Juncker exigió a los Estados miembros de la UE que reubiquen a las 120.000 personas refugiadas llegadas a Italia, Grecia y Hungría, que se suman a los 40.000 que propuso en mayo, e insistió en que el reparto debe tener un carácter "obligatorio".
El jefe del Ejecutivo comunitario propuso además la creación de un fondo fiduciario de emergencia de 1.800 millones de euros para, según él, "ayudar a África" y "atajar la inestabilidad de la región y las causas de la inmigración ilegal", así como "una lista de países de origen seguros para agilizar el proceso de gestión de demandas de asilo".
Los Estados miembros tendrán la posibilidad de no participar en los mecanismos de reparto de refugiados de manera temporal y por causas justificadas, que tendrá que evaluar la CE, a cambio de una contribución al presupuesto comunitario equivalente al 0,002 % de su PIB y abarcará todo el periodo de exención.
Los veintiocho estados miembro se pronunciarán acerca de estas medidas en su Consejo extraordinario de ministros del próximo 14 de septiembre.