¿Estaba la Comisión del Pacto de Toledo muerta antes de reunirse?

Desde la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones advierte que la suspensión sin acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo no es más que el reflejo de una comisión oscurantista que nunca ha apostado realmente por el sistema público de pensiones

Toledo
Movilización en Zaragoza en 2018 por unas pensiones dignas. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

En un momento en el que la Comisión actual del Pacto de Toledo parece haber tocado fondo la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones recuerda que siempre consideró a esta comisión como un órgano oscurantista, donde era muy difícil saber qué se discute pero, sobre todo, cómo puede afectar a los pensionistas actuales y futuros.

Desde la Coordinadora Estatal, que ha demostrado tener a su lado a decenas de miles de pensionistas y personas asalariadas, se preguntan, en una nota de prensa remitida este miércoles, cómo se puede aceptar una Comisión que "está decidiendo nuestro presente y futuro, sin ni siquiera dignarse recibirnos para opinar".  Denuncian que esta Comisión estaba dispuesta a negociar con el futuro de cerca de 9 millones de pensionistas "sin que una buena parte de estos, los más activos, estén representados", para terminar citando, con ironía, a Romanones: "si no quieres abrir un debate, crea una comisión".

Para esta Coordinadora Estatal esto es lo que se hizo en 1995, cuando ni partidos, ni sindicatos, ni empresarios, quisieron abrir un verdadero debate sobre el Sistema Público de Pensiones, y crearon una comisión, el denominado Pacto de Toledo, que se plegara a sus necesidades. "Ahora ha sucedido lo mismo". Denuncian que las mismas fuerzas políticas que se encuentran en posiciones económicas neoliberales, "dispuestas a vender todo lo público para negocio de grandes corporaciones, no pueden apostar por el futuro de un sistema público de gestión pública y de calidad".

Denuncian que los borradores de la redacción de las Recomendaciones están hechos con la suficiente ambigüedad, para que, a conveniencia y a interés del Gobierno de turno, se pueda interpretar de forma dispar. Convirtiéndose en recomendaciones, y nada más. Existen algunos ejemplos claros de esta ambigüedad que desde la coordinadora entienden como "calculada": La revalorización de las pensiones al IPC real, pero también abierta a otros datos macroeconómicos. Los años de cómputo para hallar la base reguladora, pueden ser 15 años, 25, o toda la vida laboral. La edad de jubilación, 65 años, 67, y posibilidad que aumente. El factor de revalorización que castiga por vivir más, no se sabe si se deroga o se pondrá en funcionamiento el año que viene o en 2027. Y, finalmente, el más que previsible apoyo a los planes privados de pensiones, de empresa y de particulares, en detrimento del sistema público de reparto y de caja única. Un negocio de 120.000 millones sobre el que ya sobrevuelan fondos buitre.

La Coordinadora desea y exige un verdadero debate público sobre el Sistema Público de Pensiones, exige también una solución integral del sistema, que aborde su presente y su futuro, y por supuesto, exige una representación de la Coordinadora, en cualquier mesa de negociación u organismo que negocie dicha reforma. "Mantendremos las movilizaciones en las calles el tiempo que sea necesario, hasta lograr nuestros objetivos, ya que es en la calle donde está realmente nuestra fuerza. Pediremos a nuestra gente, que ni un solo voto, vaya a parar a partidos que se opongan a estas peticiones. Y recordamos a candidatas y candidatos en estas elecciones que: gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden", concluyen.

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