La Comisión de Salud de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) exige la retirada del anteproyecto de la ley orgánica para la protección de la vida del concebido y la mujer embarazada, promulgada por el ministro de justicia Gallardón, porque "entendemos, en primer lugar que cercena la capacidad de decidir de las mujeres y las estigmatiza penalizándolas".
Para la Comisión de la FABZ este proyecto de ley puede traer graves problemas tanto sociales, como psíquicos y físicos con grave riesgo para su vida a las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo "si deciden hacerlo por otra vía que no sea la establecida, al imposibilitar el libre ejercicio de su derecho a la maternidad libre y responsable".
"La única herramienta efectiva para reducir las gestaciones imprevistas es la educación sexual y el acceso real a los métodos anticonceptivos", aseguran en un comunicado. Las mujeres que recurren a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) "lo hacen porque afrontan un embarazo no deseado o imprevisto y nada permite presuponer que dejarán de sopesar esta posibilidad".
La Comisión de Salud de la FABZ recuerda que el actual sistema de plazos permite las mujeres interrumpir la gestación hasta la semana 14. "Hoy el 90 por ciento de los abortos se realizan dentro del primer trimestre del embarazo (un 68 por ciento en gestaciones inferiores las 8 semanas), evitando así los riesgos biológicos, psicológicos y sociales derivados de los abortos tardíos", añade.
La ley del Partido Popular suprime el aborto libre antes de las 14 semanas. "Para interrumpir su embarazo -continúa-, la mujer deberá estar en riesgo vital, denunciar una violación o acreditar, con dos informes de médicos distintos, que si continúa con la gestación, existe un grave peligro para su salud física o psíquica".
En el supuesto por malformaciones fetales, la legislación actual contempla la interrupción hasta la semana 22, o incluso más adelante cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves o incurables. La ley del Partido Popular suprime el supuesto de malformaciones fetales. "Restringir este supuesto solo servirá para agudizar el dolor de unas 3000 mujeres que deseaban su embarazo. Esta restricción la basa en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en la que en ningún apartado habla del discapacitado no nacido" lamentan.
"La ley del Partido Popular por su restringibilidad va a dar a inseguridad jurídica a profesionales y penaliza a la mujer. La ley del Partido Popular incrementará la desigualdad en la atención de las mujeres por motivos económicos y dará lugar a mayor cantidad de abortos clandestinos. Un aborto clandestino quirúrgico hecho en malas condiciones sanitarias puede acarrear la muerte de la embarazada por perforación del útero con hemorragia, complicaciones infecciosas graves y complicaciones por anestesia. Además, la infertilidad, es decir la posibilidad de no quedarse embarazada es mayor y puede establecerse esterilidad por daño irreversible del aparato reproductor por cicatrices y daños irreparables" denuncian en el comunicado.
Por último, desde la Comisión de Salud de la FABZ afirman que la ley de Gallardón "da un mayor sufrimiento a la mujer que decide abortar al añadirse a su proceso de elección su penalización y estigmatización, además de los obstáculos burocráticos, los costes económicos, la mayoría de los abortos son realizados en clínicas privadas y en muchos casos fuera del circuito asistencial seguro" , por todo ello reclaman "la despenalización total del aborto voluntario y su cobertura por la Sanidad Pública".
