La colocación de la pancarta LGTBQIA+ en el Ayuntamiento de Zaragoza no vulnera la ley

El TSJA estima que no vulnera la Ley de Banderas; sin embargo, puntualizan que su colocación es una decisión que solo debe adoptar la corporación municipal

Ayuntamiento de Zaragoza con pancarta por el dia del orgullo lgtbqia+ en Zaragoza que tuvo que ser eliminada a petición de abogados cristianos
Esta es la pancarta que en 2021 el Ayuntamiento tuvo que quitar del balcón del edificio

Las y los magistrados de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en una sentencia hecha pública este miércoles, 15 de junio, estiman parcialmente el recurso presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la asociación ultraderechista de Abogados Cristianos por la colocación de la pancarta LGTBI en el balcón del consistorio zaragozano el día 26 de junio de 2020.

Tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como la Asociación de Abogados Cristianos recurrieron ante el TSJA la sentencia dictada por el juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Zaragoza, sentencia que ahora el alto tribunal ha anulado. El pasado año, el Ayuntamiento fue obligado a retirar la pancarta LGTBQIA+ del balcón del edificio consistorial a instancias de este colectivo de la ultraderecha.

En esta nueva sentencia argumentan que la colocación de la pancarta con los colores del movimiento LGTBQIA+ no vulnera la ley de banderas porque “la mera utilización de los colores arcoíris y su colocación en el balcón municipal, no vulnera la ley" ya que si considerarían que también vulneraría esta ley la colocación de una pancarta con los colores del Real Zaragoza el día que se festeje el ascenso a primera, o la colocación de una bandera con el color morado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)”.

En el recurso presentado la mencionada asociación argumentaba, entre otras cosas, que la decisión del ayuntamiento había sido adoptada por vía de hecho, sin ser sometida al control de la corporación municipal, y que con el acto de su colocación se vulneró la Ley de Banderas y el principio de neutralidad ideológica.

En respuesta a las alegaciones formuladas por los recurrentes, explican desde el TSJA, la colocación de una pancarta en el balcón municipal es una decisión que "no puede colocarse fuera del ordenamiento jurídico y por tanto no es ajena al control jurisdiccional”.

En este sentido, aclaran “que no debe ser una decisión personal del alcalde sino de la corporación, y solo puede ser de ella, si se adopta a través de su oportuno expediente y de su oportuna resolución”. Entiende el tribunal que no existe otra manera para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales que inspiran las decisiones públicas. Por ello concluyen que “no podemos, en este punto, dar la razón a la administración municipal”.

Respecto al argumento de la vulneración de la neutralidad ideológica basan su decisión en la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género de Aragón.

Entienden los magistrados que en aplicación de dicha norma la colocación de una pancarta está legitimada por el poder legislativo, “que promueve acciones positivas hacia el movimiento asociativo LGTBI. Algo que ya sostuvo el Tribunal Constitucional en su STC 176/2008” y consideran que “si el Ayuntamiento se posiciona en el cumplimiento de esta norma, no podemos sostener que vulnere un principio de neutralidad”.

Por su parte el ayuntamiento, solicitaba la nulidad de actuaciones por la falta de legitimación de la Asociación de Abogados Cristianos en el proceso. Los magistrados y magistradas responden que una parte de los estatutos de la Asociación fija con claridad sus objetivos en aspectos que se corresponde con el acto recurrido.

“Hemos reseñado", expresa el tribunal, "que dentro de los fines de la asociación está el oponerse a la promoción de la ideología LGTBI por tanto tiene un evidente interés en el objeto del recurso”.

Pese a que claramente estos fines van en contra de los derechos humanos, el tribunal recuerda que en "nuestra Constitución existe una clara libertad para formar asociaciones con libertad de fines. Así lo dispone el art. 22 de la CE y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y, que sepamos, esta Asociación no ha sido declarada ilícita”.

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