Estas entidades de migrantes en Aragón denunciaron “que estas prácticas vulneran los derechos de la población de origen extranjero, especialmente vulnerable, como son las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, obligándoles a pagar por un servicio que debería ser gratuito y accesible para toda la ciudadanía”.
Además, las asociaciones alertaron sobre la existencia “de tramitadores y mediadores que consiguen estas citas de forma preferente respecto al resto de la ciudadanía, generando un mercado oculto y paralelo que agrava aún más la desigualdad de acceso”.
Desde la milenaria institución aragonesa del Chusticiazgo continúan relatando el contenido de su reunión: “las asociaciones exigen medidas urgentes para garantizar la transparencia y la equidad en los procesos de solicitud de citas, así como la apertura de investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables de estas prácticas fraudulentas, sean abogados, ciudadanos particulares o empleados públicos de estos servicios”.
La falta de planificación y organización con el sistema de adjudicación de citas, el escaso control institucional y la insuficiencia de recursos para la atención de la demanda son factores que, según las organizaciones de personas migrantes “han facilitado la proliferación de este negocio ilegal que afecta a miles de personas en situación de vulnerabilidad”.
La Chusticia Gimeno señaló que conoce la situación debido a que “durante este primer año de gestión”, ha recibido quejas y denuncias similares “por parte de las personas afectadas y de abogados de extranjería que lamentan la inaccesibilidad a las citas para tramitar procesos de regularización administrativa y permisos para solicitantes de asilo”. Gimeno se comprometió “a mantener un diálogo directo con la Delegación del Gobierno en Aragón a pesar de que sus competencias no incluyen a las instituciones del Estado”, y solo afectan directa y legalmente a las instituciones de nuestro país.
