En esta edición, del 11 al 20 de julio, la Caravana recorrerá puntos críticos de frontera como Irun, Portbou, Calais, Dunkerque y Toulouse, convocando a la sociedad civil, medios de comunicación y movimientos sociales a sumarse a la lucha colectiva contra las fronteras asesinas.
"Salimos de las fronteras estatales de Baiona y Girona para denunciar que la vulneración de derechos de las personas en tránsito migratorio no nos es ajena ni lejana, tampoco en las fronteras no marítimas del Estado. Al mismo tiempo, queremos poner en valor y visibilizar los espacios autoorganizados por personas migradas, nuestras vecinas llegadas de otras geografías, y su labor fundamental en la cohesión social y la solidaridad mutua. También las luchas colectivas para favorecer redes que de apoyo e incidencia para garantizar el derecho al padrón para todes y reclamar los derechos de las infancias y adolescentes que migran sin referentes adultos ante la violencia institucional y social y la vulneración de derechos sistemática", explica la organización de la inciativa.
En la etapa de Girona, el primer día, se realiza de la mano de la Coordinadora Obrim Fronteres y en colaboración de los colectivos del territorio organizados a través de la lucha antirracista; en Ustaritz, por otro lado, participarán en una mesa sobre la represión de la solidaridad y el racismo institucional en el marco de la Campaña J’accuse.
"Pasaremos por París para alzar la voz frente a la derechización desacomplejada del Elíseo en materia humanitaria y para denunciar la complicidad que mantiene con el Estado genocida de Israel, así como con los regímenes y estados que ejercen violencia a través del extractivismo neocolonial", explican.
Pondrán, también, el foco en el Canal de la Mancha, último enclave "de las políticas migratorias letales y de las políticas neoliberales, reaccionarias y protofascistas" que sitúan a las personas migrantes en una situación de extrema vulnerabilidad y deshumanizan sus vidas. La situación de los migrantes que malviven en Calais y Dunkerque, en el norte de Francia, es extremadamente precaria y está marcada por la inseguridad, la violencia institucional y la falta de derechos básicos. Actualmente, más de 1.800 personas sobreviven en campamentos improvisados, a menudo sin acceso regular a agua potable, alimentos, atención sanitaria o un alojamiento digno.
Los asentamientos son objeto de desalojos constantes y, en muchos casos, violentos por parte de la policía francesa, con cientos de operaciones cada año que impiden cualquier tipo de estabilidad. Esta estrategia estatal obligan a las personas migrantes a "dispersarse y esconderse aún más". La señalada represión, impulsada en parte por la presión del gobierno británico y tolerada por las autoridades francesas y europeas, "aumenta el riesgo y la peligrosidad de los intentos de cruzar el Canal de la Mancha, ya sea en pequeñas embarcaciones precarias o intentando colarse en camiones o a través del túnel", sostienen.
Pero no terminan aquí sus denuncias y manifiestan que "la situación se agrava por la falta de vías legales y seguras para migrar, la perversidad del sistema de asilo y la imposibilidad de solicitar protección en Francia debido a los Acuerdos de Dublín, que obligan a devolver a los migrantes al primer país europeo al que llegaron". La iniciativa señala que muchas de estas personas migrantes tienen familiares o vínculos en Gran Bretaña y ven Calais y Dunkerque como "la última frontera antes de intentar el cruce, a pesar de los peligros crecientes". Una frontera peligrosa, que desde el año 2000 suma más de 400 personas fallecidas intentando cruzarla.
El contraste entre la vida de los migrantes, la presencia policial y la indiferencia del turismo europeo en la zona genera una imagen que describen de "distópica y profundamente injusta, con alambradas, controles constantes y una vigilancia permanente". Las organizaciones humanitarias y colectivos locales denuncian que estas políticas fronterizas vulneran los derechos humanos y condenan a miles de personas a una existencia invisible y sin futuro.
La última etapa en Toulouse tiene como objetivo conocer los proyectos solidarios de las organizaciones locales y sus estrategias de resistencia y dignidad frente a la desposesión y la discriminación. La caravana también recorrerá "los vestigios del pasado migrante republicano y de su exilio forzoso, que impregna toda la ciudad de Toulouse, en un acto de reconocimiento mutuo y de recuperación de la memoria política".
En un contexto marcado por el auge de partidos y líderes de extrema derecha que, desde múltiples foros y cumbres internacionales, difunden mensajes de odio, xenofobia y miedo, la Caravana Abriendo Fronteras considera urgente confrontar públicamente la narrativa que presenta la migración como una amenaza para la seguridad, la economía y la identidad europea. Estos discursos, que asocian sistemáticamente a las personas migrantes con la inseguridad y la pérdida de valores, están calando en la opinión pública y condicionando las políticas migratorias europeas, cada vez más restrictivas y alejadas del respeto a los derechos humanos.
La Caravana denuncia la criminalización de las personas migrantes y el hostigamiento a quienes muestran cualquier atisbo de solidaridad, organizada o individual, para con ellas. Frente a ello, la Caravana Abriendo Fronteras reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos. Su objetivo es claro: movilizar a la sociedad y visibilizar las condiciones inhumanas que enfrentan las personas migrantes en las fronteras europeas (incluidas las externalizadas). Invitan a toda la ciudadanía a unirse a esta iniciativa y a exigir el respeto a los derechos humanos en las políticas migratorias.
Por último hacen un llamamiento a la sociedad, medios de comunicación y movimientos sociales a "sumarse a la lucha contra los discursos de odio y a defender la dignidad y los derechos de todas las personas, sin distinción de origen".
