La Cámara de Cuentas de Aragón detecta "numerosas irregularidades" en el Ayuntamiento de Casp

El órgano auditor ha detectado dichas "irregularidades" en las áreas de gestión analizadas durante los tres años revisados, de 2013 a 2015 -bajo el gobierno del Partido Popular-, con especial incidencia en el ámbito contable del último ejercicio, del que se ha suministrado una información “parcial e incompleta”

Caspe
Ayuntamiento de Caspe.

El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón “no ha podido emitir una opinión de auditoría” sobre la Cuenta General del ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Casp/Caspe (Zaragoza), puesto que, durante la elaboración del informe de fiscalización de este ente municipal durante los años 2013, 2014 y 2015, aprobado el pasado 23 de marzo, la información facilitada ha sido “parcial e incompleta”, especialmente en el ámbito de la Institución Ferial de Casp.

Esta circunstancia ha provocado que el trabajo de la entidad fiscalizadora, que incluía, como se estableció en un principio, una revisión de legalidad de las áreas de contratación, subvenciones y morosidad, se ha visto “muy limitado”, según el informe emitido, al no haber sido posible “verificar totalmente la seguridad y corrección de su contenido”.

Cabe recordar que durante ese trienio, el gobierno estuvo encabezado en su práctica totalidad por Pilar Herrero, del Partido Popular, que accedió a la Alcaldía en febrero de 2013, fruto de una moción de censura planteada por los populares junto al PAR y a Compromiso por Caspe. Aquello desalojó de la Alcaldía al socialista Florencio Ripollés y colocó al frente del Consistorio a la popular Pilar Herrero, quien gobernó hasta que acabó la legislatura. Tras las elecciones municipales de mayo de 2015 el PSOE recuperó el gobierno municipal, con Jesús Senante como alcalde.

No obstante, de la documentación de las distintas áreas de gestión revisadas “parcialmente”, se ha puesto de manifiesto numerosas irregularidades. Entre las incidencias detectadas que contravienen las normas presupuestarias y las del plan general de contabilidad pública destacan, sin ánimo de exhaustividad, la diferencia de cuantías entre los saldos bancarios que presenta la Cuenta del Ayuntamiento y la información que han dado a la Cámara de Cuentas las entidades bancarias, diferencias que, de alguna forma, también se han encontrado entre la información sobre deudores y acreedores que ofrecen las cuentas del Ayuntamiento y la que los interesados han confirmado a la Cámara de Cuentas.

El informe también recoge modificaciones presupuestarias que no cumplen los requisitos exigidos en la normativa de aplicación y que, en ocasiones, no han tenido un adecuado reflejo en la liquidación presupuestaria, así como diferencias significativas entre los derechos reconocidos contabilizados por los distintos tributos y los padrones aprobados y anulaciones de derechos que no han podido ser comprobadas, entre otras cuestiones. Estas incidencias repercuten también en el cálculo de los objetivos de estabilidad y sostenibilidad que no se han realizado de forma correcta por el Ayuntamiento.

En la verificación del cumplimiento de la legalidad de las tres grandes áreas de actuación (gastos de personal, contratación y subvenciones), en las que la Cámara de Cuentas ha dispuesto de más información que en el área contable, se han observado también diversas incidencias. En el área de personal, se ha evidenciado una falta de una relación de puestos de trabajo que claramente detalle las características de cada puesto de trabajo y sus retribuciones, además de la cobertura de puestos de personal fijo a través de contratos de duración determinada.

En el área de contratación, se ha puesto de manifiesto el incumplimiento generalizado de la normativa reguladora de contratos en todos los analizados, tanto en el Ayuntamiento como en la Institución Ferial: no existe una “justificación de la necesidad de contratar”, no se concretan los criterios de valoración para la adjudicación de los contratos o la solvencia de los licitadores, no se pondera adecuadamente el precio como criterio de adjudicación y no se realizan correctamente diversos aspectos del procedimiento como la notificación de las adjudicaciones, la aprobación de los gastos de carácter plurianual, o la celebración de un acto formal de recepción del objeto del contrato, entre otros.

En cuanto al área de subvenciones, el Ayuntamiento no dispone de un Plan Estratégico en el que se concreten los objetivos y financiación de las subvenciones. Un gran número de subvenciones se conceden de forma directa y en ellas “no se han cumplido los requisitos” que la Ley de Subvenciones exige para utilizar este procedimiento, incluso en varias ocasiones se ha dado forma de subvención a lo que parece una contraprestación que el Ayuntamiento da por la realización de algún servicio. En las convocatorias de subvenciones analizadas se incumplen aspectos fundamentales como detallar los criterios de valoración establecidos para la concesión de las ayudas, no se aprueba el gasto ni la cuantía máxima a conceder ni las bases reguladoras incluyen todos los requisitos exigidos por la Ley de Subvenciones.

Por último, ha de destacarse que la fiscalización ha puesto de manifiesto la ausencia de un adecuado control interno de las actuaciones del Ayuntamiento. La Cámara de Cuentas señala que “no existe ningún control de legalidad sobre la gestión económico financiera” del Ayuntamiento ni la Intervención municipal ejerce su función de examinar si las actuaciones del Ayuntamiento cumplen los requisitos que las normas exigen, limitándose a señalar si hay o no crédito en el presupuesto. Los puestos de Interventor y Tesorero “están cubiertos de forma accidental” por personal del Ayuntamiento, pero algunas de las funciones asociadas a estos servicios se realizan directamente por una empresa externa contratada.

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