Que llevamos un año de pandemia es evidente, no hace falta que nadie nos lo recuerde, pero lo que sí que tenemos que tener presente es que los derechos esenciales siguen sin solucionarse.
Está claro también que el Gobierno de Unidas Podemos ha logrado que esta crisis sin precedentes estemos obteniendo una salida muy diferente a las anteriores. Logros que sin un gobierno progresista hubiesen sido impensables. Eso sí, los poderes fácticos y cómo no, la banca, presionan al Gobierno para que las políticas públicas no beneficien a nuestra gente.
Si algo ha quedado claro en la pandemia y nos ha exigido la crisis sanitaria es la necesidad de tener un techo; de hecho, nos hemos tenido que confinar en nuestros domicilios y hemos visto cómo había familias que en plena pandemia han sido expulsadas de sus casas. Hemos visto familias que viven hacinadas y que no podían guardar cuarentena y, aunque se ha hecho un esfuerzo por parte del Gobierno con el Decreto de paralización de los desahucios, no ha sido suficiente.
En estos momentos además se está trabajando la futura “Ley de Vivienda”. De momento sabemos que está siendo discutida en el Consejo de ministros/as, también sabemos que estos poderes de la mano del PSOE están siendo presionados para que salgan beneficiadas las Entidades Financieras, los Fondos Buitres… y que la ciudadanía no tenga una Ley de Vivienda como se merece.
Las Plataformas por el Derecho a la Vivienda junto con sindicatos laborales, mareas, pensionistas, sanidad, ONGs y decenas de organizaciones, hacemos frente común y se convocan movilizaciones en la que exigen ocho puntos mínimos:
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La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
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Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
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Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria.
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Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.
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Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones, para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna.
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Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
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Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando, como mínimo, el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
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Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.
Es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas. Sabemos que existe una mayoría social y también parlamentaria que apoya estas medidas, pero tenemos claro que sólo con la movilización de toda la población conseguiremos que esta ley sea la garantía del Derecho a la Vivienda que esté a la altura.
En Aragón tenemos dos convocatorias el 20 de marzo:
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En Zaragoza, manifestación a las 11h de la mañana desde el Edificio Pignatelli hasta Delegación del Gobierno.
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En Huesca, concentración a las 12h en la Plaza Cervantes.
Os animamos a participar en las convocatorias, a decir bien alto que “la vivienda es un derecho y no un negocio”, con responsabilidad, cumpliendo las medidas sanitarias, pero con contundencia. El momento es AHORA.
