Mañana jueves, 15 de enero, a las 10.00 horas, el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza celebrará un acto de conciliación a instancia de un matrimonio zaragozano. Rafa y Raquel, con una hija menor, se ven en esta situación judicial ante la negativa de CAI-Caja3 para alcanzar un acuerdo ante sus problemas hipotecarios. Por ello, Stop Desahucios Zaragoza ha convocado una concentración en la puerta de los juzgados “hasta ver la respuesta que da CAI-Ibercaja”.
Desde Stop Desahucios explican que Rafa tuvo un accidente laboral en el año 2011 que le ha dejado con una discapacidad del 65%, más un 7% de movilidad reducida, por la que percibe unos ingresos de 360 euros mensuales. Mientras Raquel tuvo trabajo siguieron pagando sus cuotas aunque fuera con dificultad.
“En el año 2013 solicitaron ayuda al banco para que les facilitarán el pago, no les ofrecieron la carencia recogida en el Código de Buenas Prácticas (interés al 0,25%), al que se supone que la entidad está acogido, sino que les ofrecieron una carencia por año y medio con una cláusula suelo del 3,50% +2 puntos, por la que solo pagaban intereses”, explican desde la plataforma de apoyo mutuo popular.
Desde Stop Desahucios continúan explicando como “Raquel se ha quedado en paro desde septiembre de 2014, y en agosto tenían que volver ha pagar la cuota inicial, han intentado por todos los medios legales a su alcance que se les conceda la dación en pago, ya que cumplen sobradamente todos los requisitos recogidos por la ley, pero CAI les quiere dejar una deuda de 33.000,00 euros”.
Si el banco interpusiera en este momento procedimiento ejecutivo hipotecario, Rafa y Raquel se quedarían sin deuda pese a tener cláusula suelo desde el principio de la operación, “pero es práctica común de las entidades bancarias dilatar en el tiempo la subasta hasta que les quede una jugosa cantidad de deuda”, señalan.
Por todo ello, Stop Desahucios entiende que “no puede permitir que precisamente esta entidad no de soluciones a los deudores de buena fe, después de que durante los últimos años hayamos asistido al expolio de esta Caja de Ahorros aragonesa a través de sus 70 sociedades inmobiliarias y de sueldos millonarios a sus directivos”.
“Ni el Banco de España ni el Gobierno de Aragón cumplieron su función de control durante los años de la burbuja y en este momento sigue sin ser público el desfalco patrimonial al que ha sido sometida -la entidad financiera- ni castigados sus culpables”, denuncia la plataforma ciudadana.
La legislación vigente ha permitido a la CAI, al Banco de España y al FROB, no aportar la documentación requerida para completar el dictamen elaborado por la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón, aprobado por unanimidad (PP, PSOE, PAR, CHA e IU), y que señala entre otras: el poder excesivo de la cúpula directiva y el desmedido crecimiento inmobiliario, una total ausencia de alertas externas por parte del Banco de España, la CNMV y el FROB, o, retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y poco transparentes.
“Pese a todo, esta Comisión de Investigación no ha detectado indicio de infracciones penales, parece que una vez más el poder financiero se antepone a los intereses ciudadanos con la ayuda o el silencio de la clase política”, denuncian desde Stop Desahucios Zaragoza, que anuncia que “va a emprender una campaña de movilización y sensibilización ciudadana que no finalizará hasta que CAI-Ibercaja conceda la dación en pago a Rafa y Raquel, y abra una vía de negociación para otras cinco familias que se encuentran en la misma situación”.
