La práctica habitual de la Dirección General de Industria y Minas del Gobierno de Aragón ha sido conceder conjuntamente la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción. “En sí mismo es incomprensible atendiendo al nombre de la primera, que es anterior a la segunda”, somardean desde la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, que añade que “sin embargo, hay que reconocer que la ley aragonesa 2/2016 lo dice expresamente. Hasta aquí todo resultaría insólito, pero legal”.
Más allá de la lógica, si dos autorizaciones se tramitan y conceden de forma conjunta, sería mejor hablar de un único permiso, así “la sospecha sobre la legalidad de esta disposición se funda en su encaje con legislación estatal posterior. El real decreto 8/2023 pauta una serie de hitos administrativos que deben cumplir los proyectos renovables, estableciendo 34 meses para obtener la autorización administrativa previa y 49 para la de construcción a partir de la consecución de la licencia de acceso y conexión a la red de transporte eléctrico”, recuerdan desde Paisajes de Teruel.
En la Jornada sobre renovables organizada por el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y celebrada hace un año, se planteó por parte de Paisajes de Teruel a Yolanda Vallés, la directora general de Industria y Minas de la DGA “que la concesión conjunta de las dos autorizaciones en cuestión debería atenerse al primer plazo de 34 meses, puesto que, el caso contrario (acogerse al de 49), significa adulterar la tramitación en beneficio de los proyectos desarrollados en Aragón” respecto a los del Estado español “ya que disponen de un año y tres meses más para lograr la primera licencia”.
“En su respuesta, Yolanda Vallés aseveró sin ningún género de dudas que debe cumplirse la norma aragonesa en lugar de la estatal. Esta decisión implica romper las garantías de unidad del mercado «nacional». Nótese la ironía del hecho”, detallan desde la entidad cívica.
La semana pasada el Consejo de Ministros acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 5/2024 del Gobierno de Aragón, la conocida como ‘Ley de energía’ o ‘Ley Lambán-Azcón’. Entre otras cuestiones señalaba que resultaba “contrario a la normativa básica estatal la pretensión de alterar el sistema de hitos” contemplado en dicha norma, que recoge lo establecido en la ley aragonesa 2/2016.
Además, el recurso corroboraba la opinión del Consejo de Estado: “La solicitud y tramitación simultanea de la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción, conforme a la normativa aragonesa, no puede suponer una exención de la obligación de acreditar la obtención de la autorización administrativa previa en los plazos marcados por la legislación estatal básica”. “Vaya, más claro no se puede decir”, recalcan desde Paisajes de Teruel.
Nulidad y revocación de proyectos de energía renovable
Por este motivo, Paisajes de Teruel va a solicitar “la nulidad y revocación” de más de 14 proyectos de energías renovables presentados en las comarcas del sur del país y en los que ya se ha incumplido el hito de los 34 meses para obtener la autorización administrativa previa. “Estos proyectos son Bailador, Majalinos, Guadalopillo I y II, Tosquilla, Íberos, Hocino, Caballos I y II, Mínguez y Portalrubio, que tuvieron ese permiso a los 49 meses, y Hoyalta y Cabigordo, que no lo han obtenido en más de cuatro años”, destallan desde la entidad ciudadana.
Finalmente, la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel espera “que Red Eléctrica Española (REE) cumpla con las competencias que le asigna la legislación al respecto, y comunique a los promotores la caducidad de los hitos relativos a los permisos de acceso y conexión”, y que el Gobierno de Aragón “actúe en consecuencia”. “De no ser así, serán los tribunales los que decidan si un decreto aragonés puede suplantar o anular un decreto estatal”, concluyen.
