La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, se conoció el pasado 5 de diciembre y poco después, el 7 de diciembre, el Ministerio fiscal presentó un escrito ante la Audiencia de de Nafarroa solicitando el ingreso en prisión de los cinco condenados -José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil, y Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar-, que actualmente se encuentran en libertad provisional bajo fianza. Los condenados seguirán la vistilla por videoconferencia desde Sevilla.

La fiscal entiende que “una vez confirmada la condena de nueve años de prisión, la no modificación de los llamados ‘hechos probados’ por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, y las especiales características del recurso de casación hacen necesario asegurar el cumplimiento de dicha condena de nueve años de prisión”. Se trata, “de evitar la posibilidad de que los penados se sustraigan a la acción de la Justicia, haciendo ilusoria dicha condena”, añade.

Por su parte, Miguel Ángel Morán, abogado de la acusación particular, confirmó que también pedirá el ingreso en prisión de los cinco condenados al considerar que la sentencia del TSJN “ha reforzado los motivos” por los que deberían ingresar, a su juicio, en la cárcel.

Por el contrario, Agustín Martínez Becerra, abogado de los cinco condenados, rechazará el ingreso en prisión de los acusados. El letrado ha argumentado recientemente que sus clientes no solo no han evidenciado que exista “ningún riesgo de fuga, sino que han tenido un comportamiento intachable”.

Al grito de “No es abuso, es violación”, cientos de personas se volvieron a concentrar el 5 de diciembre en diversas ciudades contra la “justicia patriarcal” y para protestar por una sentencia que consideran “injusta”.