
El Tren de Alta Velocidad es un proyecto ecológicamente devastador y económicamente ruinoso. Gran despilfarrador de energía, destructor del entorno, ruidoso, el TAV acrecienta la centralización del territorio en las grandes urbes en detrimento de los pueblos pequeños y ciudades medianas, fomenta la hipermovilidad y es elitista: la mayor parte de los ciudadanos lo utilizan muy poco o nunca, y sólo una minoría se sirve de él con cierta frecuencia. Encima, las grandes obras como el TAV suponen un enorme derroche de recursos públicos y son uno de los motivos de los fuertes recortes sociales que padecemos.
Por si fuera poco, la clase dirigente ha ocultado a sabiendas durante los últimos veinticinco años el coste social, económico y ecológico del proyecto; se ha dedicado a mentir sobre sus supuestas bondades y ha insultado cuando no ha criminalizado a la oposición al TAV allí donde ésta se ha manifestado, mientras que en muchos casos se ha enriquecido fraudulentamente como lo demuestran los papeles de Bárcenas. Yolanda Barcina representa a la perfección esta actitud de prepotencia y engaño permanente.
Así pues, consideramos que acciones populares como el “entartado” de dirigentes que, como Yolanda Barcina, son responsables de haber impuesto el TAV ocultando sus efectos nocivos, así como de haber mentido sobre su verdadero impacto económico y social, son perfectamente legítimas y comprensibles como forma de protesta justa contra el TAV. En cambio, denunciamos que la gravedad y la absoluta desproporción de las penas de 5 a 9 años de prisión solicitadas contra estas cuatro personas no tienen parangón en ningún país occidental, puesto que acciones similares de lanzamiento de tartas a las autoridades son consideradas infracciones menores y apenas suelen tener consecuencias legales. Todo ello contrasta vergonzosamente con la “magnanimidad” que muestra la Justicia con los políticos embusteros y corruptos, absueltos en la mayoría de los casos.
Por todo ello, exigimos la paralización de las obras del TAV y el archivo del proceso incoado en la Audiencia Nacional contra estas cuatro personas por las tartas que endulzaron el rostro de Barcina. Además, este es un asunto que debiera haberse juzgado en todo caso en Toulouse, lugar de los hechos. Podemos sin duda afirmar que este proceso reúne todos los elementos propios de la “injusticia penal”, como son la utilización de tribunales de excepción como la Audiencia Nacional para reprimir la disidencia social y la aplicación de códigos penales cada vez más represivos para criminalizar la desobediencia civil. Y queremos que el final de este proceso sirva de toma de conciencia respecto a lo innecesario y dañino del TAV, y de otras infraestructuras igualmente megalómanas y destructoras.
No al Tren de Alta Velocidad. Fin del proceso contra los cuatro tartalaris. La desobediencia no es delito.



