Era la madrugada de lunes 30 de marzo de 2015 cuando unidades de antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP), acompañados de miembros de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) española y de la unidad homónima de los Mossos d'Esquadra, irrumpían en once domicilios particulares y seis centros sociales para detener a quince personas acusadas de "pertenecer a un grupo criminal con fines terroristas".
Casi tres años después de las detenciones, el mismo juzgado que ordenó el operativo firmó el archivo del procedimiento el pasado lunes 29 de enero, pero en este caso, el magistrado que está al frente actualmente es Manuel María García-Castellón García-Lomas. A pesar de que el archivo no es definitivo, porque la fiscalía tiene tres días para presentar recurso a la decisión del juez instructor, no se prevé que esto suceda, puesto que ha sido el mismo Ministerio fiscal quién ha emitido un informe interesándose por el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Este hecho, sumado a que no había ninguna otra parte personada como acusación en la causa, ha provocado el archivo y el levantamiento de las medidas cautelares contra las personas investigadas.
La operación se denominó Piñata y estaba ordenada por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (AN) española, encabezado por el magistrado Eloy Velasco. En una nota de prensa difundida por la Policía aquel mismo día, se afirmaba que las personas detenidas formarían parte de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). Los agentes llevaron a cabo registros en diecisiete puntos ubicados en las ciudades de Madrid, Barcelona, Palencia y Granada, entre ellos los centros sociales madrileños La Quimera, en Lavapiés, y 13-14, en Vallecas, donde requisaron material informático. Durante los registros, además de las investigadas en el marco del operativo, el CNP detuvo a 24 personas más, catorce de ellas acusadas de resistencia y desobediencia y las otras acusadas de usurpación, que quedaron en libertad el día siguiente después de declarar a los juzgados de la plaza de Castilla.
El grueso de la operación se desarrolló en Madrid, pero en la ciudad de Barcelona se produjeron tres de las quince detenciones por acusaciones de terrorismo. Una chica y un chico fueron detenidos a primera hora de la mañana cuando andaban por la calle, justo después de salir de casa, en los barrios del Poble Sec y Sant Andreu de Palomar, respectivamente. La tercera detención tuvo lugar después de mediodía en la Estación de Sants. Se efectuó un registro en el barrio de la Verneda, en la antigua sede del Ateneu Llibertari Naturista que actualmente es una vivienda, y en la calle Fontrodona del Poble Sec. Bajo el lema "Libertad detenidas por luchar" se convocaron movilizaciones de protestado la misma tarde de las detenciones en la plaza del Mercado del Clot de Barcelona y en la plaza del Vi de Girona.
El juez Eloy Velasco decretó el ingreso en prisión de cinco de las personas acusadas –cuatro de Madrid y uno de Palencia–, mientras las dos chicas y el chico detenidos en Barcelona quedaron en libertad, pero han tenido que ir a firmar periódicamente al juzgado más cercano en su domicilio. Dos meses después, la sección tercera de la sala de lo penal de la misma AN tumbó la petición de prisión de Velasco, desautorizándolo, y señalando que no se les puede imputar "acciones concretas de las cuales se pueda determinar su finalidad terrorista", más allá de "difusos actos de proselitismo anarquista". Así pues, tres de los cinco jóvenes encarcelados quedaron en libertad sin necesidad de depositar ninguna fianza, después de pasar sesenta días en la prisión, dispersados en centros penitenciarios muy alejados de sus domicilios.
