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La ADSPA, la FABZ, el PCE y Plataforma contra la privatización se unen a la oposición de la implantación del Área Única sanitaria

Tras las críticas mostradas por Izquierda Unida a la implantación del Área Única sanitaria, hoy han hecho lo propio la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Aragón (ADSPA), la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), el Partido Comunista (PCE) en Aragón y la Plataforma contra la privatización de la Sanidad en Aragón.
| 18 marzo, 2015 17.03
Manifestación en Uesca en defensa de la Sanidad Pública. Foto: Redondo de Confusión (Archivo)

Manifestación en Uesca en defensa de la Sanidad Pública. Foto: Redondo de Confusión (Archivo)

Tras las críticas mostradas por Izquierda Unida a la implantación del Área Única sanitaria, hoy han hecho lo propio la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Aragón (ADSPA), la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), el Partido Comunista (PCE) en Aragón y la Plataforma contra la privatización de la Sanidad en Aragón.

La ADSPA manifiesta su oposición porque, a su juicio, la medida es contraria a la Ley General de Sanidad vigente desde 1986 que «recomienda, en base a criterios de buen funcionamiento, equidad y eficiencia, la organización territorial de la Sanidad Pública en Áreas sanitarias de aproximadamente 250.000 habitantes».

La ADSPA cree que rompe con el objetivo que dicha Ley propone: «el establecimiento de demarcaciones territoriales con un máximo de población, para que pueda garantizarse la atención integral y equitativa y la planificación de los recursos según las necesidades asistenciales».

Además critican la medida porque «suprime el modelo comunitario basado en entidades territoriales y niveles asistenciales coordinados desde la Atención Primaria y con participación social» y porque el objetivo de unificación de servicios entre diferentes hospitales, que conlleva esta medida, «pretende seguir posibilitando la masiva supresión de puestos de trabajo en la sanidad (con el crecimiento consiguiente de las listas de espera)».

En este sentido, la ADSPA señala que esta medida está enmarcada en una actuación del Gobierno español de desmantelamiento de las áreas sanitarias que está desarrollándose en Madrid, Galiza y León, entre otros lugares, con un objetivo evidente: «crear grandes espacios para la competencia público-privada y abrir el negocio a entidades privadas de provisión sanitaria».

Por otra parte, la ADSPA sostiene que la medida supone un paso adelante para la posterior implantación del nuevo modelo de unidades de gestión clínica del Gobierno español, previsto para los próximos meses y recuerdan que la ex ministra Ana Mato modificó para ello el Estatuto Marco de los sanitarios en 2013 «abriendo el camino a su laboralización».

«Con este objetivo de implantar este nuevo modelo de gestión, el Consejero Oliván ya anunció en su momento la puesta en marcha de una experiencia piloto de estas unidades que pretenden fragmentar los centros sanitarios en múltiples entidades empresariales con autonomía plena para gestionase aplicando diferentes fórmulas de gestión privada recogidas en la Ley 15/97, con presupuesto propio, capacidad para comprar y vender sus servicios y dar entrada en ellas a capital y proveedores privados  con el consiguiente sometimiento y control de los profesionales y trabajadores sanitarios», asevera la ADSPA.

Por el contrario, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Aragón propone poner en marcha medidas que supriman los recortes presupuestarios que «sitúan al borde del colapso a nuestro sistema sanitario», medidas que «mejoren la coordinación de los recursos y niveles asistenciales», que «incentiven y estimulen la implicación y participación de las y los trabajadores sanitarios en la gestión pública de los procesos, con desarrollo del trabajo en equipo y con condiciones laborales dignas y libres de influencias y de intereses privados» ya que el objetivo de las y los profesionales y trabajadores sanitarios «es y debe ser, por encima de todo, ser agentes de salud y no instrumentos para la obtención de beneficios de empresas sanitarias privadas».

La ADSPA pretende «crear un clima de rechazo profesional y social en contra del Área Única y de estas Unidades de Gestión Clínica, informando y demostrando la pérdida de derechos y de calidad de la atención para la gran mayoría de ciudadanos y profesionales». En su opinión una buena manera es colaborar firmando esta petición.

Del mismo modo, la ADSPA quiere articular una «alianza profesional» lo más amplia posible, que «aísle a los sectores qué han suscrito un acuerdo de apoyo», para «rechazar esta Gestión Clínica que plantea el Gobierno», que «fragmentará y privatizará el sistema sanitario público», y que «no tiene nada que ver con la mejora de la integración y de la efectividad del sistema».

«Ampliar y reforzar la alianza social y profesional en defensa del sistema sanitario y de rechazo a estas medidas de desmantelamiento y privatización y convocar medidas de movilización social y profesional que exijan la retirada de las unidades de gestión clínica y el decreto de Área Única para Aragón», son otras de las pretensiones de la ADSPA.

«Un mero trámite informativo»

Por su parte, la Comisión de Salud de la FABZ recuerda que el 17 de diciembre de 2013, Ricardo Oliván, presentó la propuesta del Área Única ante el Consejo de Salud de Aragón. «Tras un acalorado debate, y con casi la mitad de las y los vocales manifestándose en contra, se le pidió que retirara la propuesta, pues entendíamos que esta propuesta perjudicaba ampliamente tanto a trabajadores como a usuarios y pacientes», añade.

Desde la FABZ lamentan que para el consejero la presentación de esta propuesta ante el Consejo de Salud de Aragón «supusiera para él tan solo un mero trámite informativo», ya que «prácticamente había decidido sacarla adelante a toda costa sin tener en cuenta otras opiniones o criterios contrarios a una propuesta que en el fondo tan solo oculta recortes de plantillas y de recursos para la sanidad pública».

A juicio de la FABZ, el Consejo de Salud de Aragón, además de ser un foro información y de debate, debe tener capacidad decisoria. «En sus sesiones deberían votarse todas las propuestas presentadas antes de seguir su curso hasta la presentación para su aprobación en las Cortes de Aragón, creando un cauce más democrático y de participación, evitando que salgan adelante propuestas tan nocivas como la del Área Única sanitaria que acaba de aprobarse», concluyen.

Imposición del Área Única sin el apoyo social y normativo necesario

Por último, el PCE en Aragón muestra su oposición al Decreto 32/2015 de 9 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se modifica parcialmente el Decreto 174/2010 de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Reglamento de estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón.

«Nos oponemos al que llamaremos, para abreviar, “decreto de Área Única” porque acaba con la Atención Primaria de Salud para volver a una organización dependiente de la gerencia hospitalaria y a una atención centrada en la enfermedad, en el paciente según sus defensores, orientada hacia la gestión clínica y la atención especializada, en menoscabo de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención comunitaria de la salud», subrayan en un comunicado.

El PCE denuncia que en Aragón se está «imponiendo» el Área Única sin el apoyo social y normativo necesario porque «esta herramienta es el paso necesario que permitirá a este gobierno lacayo de las multinacionales adelgazar la estructura administrativa, aumentando el control de la toma de decisiones en manos de un pequeño núcleo afín; alejar la Administración de las y los usuarios y sus representantes; propiciar una menor representación sindical, y con ello socavar su capacidad de movilización de las y los trabajadores ante la futura supresión de puestos de trabajo y la laboralización de las y los trabajadores, necesaria para la introducción de las Unidades de Gestión Clínica anunciadas, para privatizar los Servicios Sanitarios; unir servicios para traspasar la gestión a manos privadas por medio de los conciertos; y el traslado de personal hacia áreas o servicios de su interés en menoscabo de otros menos rentables».

«Los argumentos que se exponen para justificar la unificación de las Áreas de Salud como son el de facilitar la libertad de elección del paciente o la segunda opinión contra la oposición es el de la libertad de elección se han demostrado falaces y demagógicos. Solamente sirven para justificar la derivación de pacientes a los servicios privados y culpabilizar al paciente por el problema de las listas de espera», apostillan en el comunicado.

Para el PCE en Aragón «en ningún sitio donde se ha realizado la unificación de áreas sanitarias se ha demostrado que por implantar el área sanitaria única haya aumentado la eficiencia y la eficacia, se eviten duplicidades, se modernice la gestión o se haga más sostenible el Servicio de Salud». Estos parámetros, en su opinión, «mejoran con una Administración competente al servicio del pueblo, en lugar de a intereses bastardos».

«Lo cierto es que con este decreto se está legislando en contra de la Ley General de Sanidad de 1986 para romper el modelo comunitario basado en entidades territoriales y niveles asistenciales coordinados desde la Atención Primaria de Salud que acerca los Servicios de Salud a la sociedad y facilitar su participación», añaden. Por eso «se estableció, sobre la base de criterios de buen funcionamiento, equidad y eficiencia, la organización territorial de la Sanidad Pública en Áreas sanitarias de unos 250.000 habitantes para poder garantizar una atención integral y equitativa, así como facilitar la planificación de los recursos según las necesidades de la población», finalizan.

18 marzo, 2015

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