La multinacional Kimberly-Clark anunció el pasado martes, 19 de marzo de 2013, el cierre de su planta en Calatayud y con ello el despido de los 231 trabajadores y trabajadoras de su fábrica aragonesa. La previsión de la multinacional es hacer efectivos los despidos a mediados del próximo mes de mayo de este año.
El Comité de empresa de Kimberly-Clark Calatayud manifiesta su total desacuerdo con el cierre de la planta de Calatayud y explica que “esta decisión de Kimberly-Clark es dramática y muy dolorosa para los trabajadores directos e indirectos de la fábrica, que han mostrado un comportamiento profesional y ejemplar durante todos los años de historia de la planta. Además, entendemos que es tremendamente perjudicial para la comarca de Calatayud, para la que sería fundamental conservar actividad en la fábrica”.
Enrique Gracia, secretario general de FSC, explica que “este cierre es 'sorprendente' porque Kimberly-Clark no es una empresa en crisis. Es una empresa viable económicamente, que obtiene importantes beneficios, que tiene clientes, un mercado abierto y competitivo. La plantilla está 'desolada' porque la noticia ha caído como un mazazo”.
Finalmente, Gracia declara que “no se ha realizado todavía la notificación de la apertura del periodo de consultas que establece la ley para los casos de despido colectivo. Además esperan recibir toda la información por parte de la empresa”.
El presidente nacional de CHA, José Luis Soro, se ha mostrado preocupado por el cierre de Kimberly-Clark en Calatayud, previsto para el próximo 15 de mayo. Así, reclama al Gobierno de Aragón que actúe de manera inmediata para conseguir una solución, presentando además una iniciativa en las Cortes de Aragón. Soro, reclama que se “luche por la conservación del empleo en una empresa que siempre ha sido rentable. No tiene sentido que durante meses la Dirección y el Gobierno de Aragón hayan asegurado que había compradores para la planta de Calatayud y ahora se cierre sin más”.
“El desinterés del Gobierno de Aragón sobre el futuro de las empresas aragonesas es alarmante. Hace unos meses oímos al consejero de Economía y Empleo decir que estaban 'poco preocupados' por Kimberly-Clark, lástima que comprobemos lo cierto que eran sus palabras y tengamos que sufrir las consecuencias de esta despreocupación”, concluye Soro.
Por su parte, Diego Percebal, presidente de CHA-Calatayud, está muy preocupado porque “la situación en la que se queda la comarca es lamentable, es un golpe mortal al empleo que se suma al cierre de grandes empresas”.
SOA denuncia que esta decisión empresarial de cierre se basa únicamente y exclusivamente en una "maniobra de mercado". Para SOA, "la multinacional norteamericana ha decidido abandonar su mercado europeo y buscar nuevos mercados. Traducimos: Ahora que Europa esta empobrecida su negocio no genera las plusvalías que generaba años antes". Y denuncian: "No es que la empresa deje de ser rentable, es que su negocio en Europa no les genera los beneficios que se han planteado. Luego no existe justificación alguna para el cierre de la Empresa y por lo tanto no corresponde la aplicación de la Reforma Laboral en este supuesto". Por estos motivos exigen al Gobierno de Aragón que "fuerce a la Dirección de la Multinacional a replantearse la decisión de cierre y busque activamente comprador para esta planta".
Izquierda Unida reclama al Gobierno de Aragón iniciativas que den alternativa al empleo que perderá Calatayud por el cierre de Kimberly Clark, “la multinacional ha decidido cerrar su factoría de Calatayud, en la que trabajan 230 personas, argumentando falta de rentabilidad. Parece claramente contrastable, y así se ha afirmado en reiteradas ocasiones, que no es el motivo económico, ya que la decisión no obedece a causas económicas o productivas, sino a un cambio de estrategia de la compañía estadounidense, que ha decidido abandonar la fabricación de pañales en Europa”. “Eso, -dice Luis Ángel Romero, portavoz de Industria de IU Aragón en las Cortes- ya se sabía desde hace meses, cuando se puso en venta la planta. Sabíamos, y entiendo que también el Gobierno de Aragón, que el mantenimiento de la actividad pasaba, por tanto, por encontrar un comprador y han sido varias las veces en las que el consejero de Industria e Innovación ha manifestado que las negociaciones iban por buen camino y que había que mantener las esperanzas”.
“La realidad es, como hemos visto, el cierre de la última gran empresa que quedaba en Calatayud y 230 trabajadores y trabajadoras más en el desempleo”, añade Romero. En su opinión, “el consejero de Industria debe hacer algo más que cruzarse de brazos y, por ello, le emplazamos a plantear, con urgencia, una alternativa que permita la continuidad de la actividad productiva y evite la pérdida de esos 230 puestos de trabajo”.
