Este miércoles un joven será juzgado por un delito contra la propiedad industrial, tras ser identificado y detenido por la Policía Local de Zaragoza a finales de 2015, en el Rastro de Zaragoza, según asegura, sin ni siquiera estar practicando la venta ambulante en esos momentos.
Tras ser detenido, el joven fue trasladado a la comisaría del ACTUR, donde permaneció hasta las 20.00 horas - más de nueve horas retenido - siéndole requisadas todas las cosas que portaba recogidas en una sábana, además de 65 euros en metálico, porque, según la policía, procedían de la venta ilegal, algo que desmiente el joven.
Desde el Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza (DDCC15MZgz) afirman apoyar a estas personas y denuncian públicamente su situación "porque el llamado delito contra la propiedad industrial es una forma legalizada de reprimir la pobreza y de criminalizar a aquellas personas que sólo buscan un medio de supervivencia".
Según denuncian, la inclusión de este delito en el artículo 274 del Código Penal pone en riesgo la vida de las personas migrantes que pueden ser condenadas a penas de cárcel o multas que nunca podrán pagar. Esas penas, además, pueden convertir en imposible la renovación de sus permisos de residencia y acabar con cualquier proyecto de vida que puedan haber emprendido aquí.
Advierten también que este tipo de delitos podrían estar incurriendo en una suerte de "racismo institucionalizado", pues comprenden que "las fuerzas de seguridad del Estado dedican personal y recursos a perseguir a estas personas, actuando con impunidad, aprovechándose de las dificultades de idioma y la precariedad en la que se desenvuelven sus vidas".
Recuerdan que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados apoyó el pasado 4 de Abril una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a iniciar una modificación del Código Penal para regresar a la situación anterior a 2015, cuando la venta ambulante estaba penalizada con una multa administrativa y no con la cárcel, como ocurre actualmente tras la reforma del Partido Popular.
Para DDCC15MZgz los gobiernos consienten esa criminalización permanente y permiten, como en tantas otras realidades, que muchas personas sigan viviendo en la precariedad y la exclusión. "Afirmamos la dignidad de estas personas y su derecho a resistir frente a la violencia institucional que suponen juicios, como éste que contamos aquí, que son una expresión legal de la vigencia del racismo, de la desigualdad y de la exclusión".
Por estos motivos hacen un llamamiento a acudir a la sala 13 de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, este 3 de mayo, a las 9.00 horas, para expresar el apoyo que necesita el joven juzgado y exigir su absolución. También hacen un llamamiento a participar en la Charla Informativa sobre Cuestiones de Extranjería, que la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) ha organizado el martes 2 de mayo, a las 19.00 horas, en la Asociación de Vecinos Lanuza - San Pablo, 23, Zaragoza - impartida por Virginia Muñoz Chueca, abogada especialista en temas de Extranjería, y José Rodríguez, también especialista en Extranjería.
Por último, exigen la absolución no solo del joven migrante juzgado este miércoles, sino de todas las personas que han encontrado en la venta ambulante su única forma de sustento, y piden que cesen las identificaciones y persecuciones. "Sobrevivir no es delito es un lema que hay que hacer realidad ya, como primer paso para alcanzar la igualdad y la dignidad de todas las personas", recuerdan.
