La batalla por la retirada de los vestigios franquistas del callejero de Uesca vuelve a los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dado veinte días al Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, para informar sobre el cumplimiento de la sentencia firme que ordena eliminar del nomenclátor los nombres de los alcaldes franquistas Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa Coarasa y Mariano Ponz Piedrafita.
La resolución llega después de que varias entidades memorialistas y personas recurrentes solicitaran la ejecución forzosa del fallo judicial ante la falta de cumplimiento material de la sentencia.
Más de un año después del cambio aprobado, las placas siguen sin retirarse
La iniciativa ha sido impulsada por la Asociación Cultural Colectivo Ciudadano de Uesca, la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) y varias personas a título particular, que recuerdan que los tribunales ya obligaron al consistorio a retirar esos nombres por su incompatibilidad con la Ley de Memoria Democrática de Aragón.
En el escrito presentado ante el juzgado, las entidades memorialistas señalan que el Ayuntamiento aprobó el 28 de mayo de 2025 la sustitución de las denominaciones franquistas por las calles Orfeón Oscense, Embalse de Vadiello y Cámara de Comercio. Sin embargo, denuncian que, transcurrido más de un año desde aquel acuerdo, las placas continúan sin haber sido reemplazadas físicamente, por lo que consideran que la sentencia no ha sido ejecutada materialmente.
La petición de ejecución forzosa recuerda además que la resolución judicial quedó definitivamente consolidada tras las sucesivas decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y la inadmisión del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Uesca.
Una larga batalla contra el callejero franquista
La polémica se remonta a 2020, cuando el Ayuntamiento entonces gobernado por el PSOE decidió mantener los nombres de los tres alcaldes franquistas pese a los informes favorables a su retirada. Las asociaciones memorialistas recurrieron aquella decisión y obtuvieron una sentencia favorable en marzo de 2022.
Posteriormente, el TSJA confirmó el fallo al considerar que la Ley de Memoria Democrática de Aragón obliga a retirar del espacio público denominaciones que supongan homenaje o exaltación de personas vinculadas al golpe de Estado de 1936 y a la dictadura franquista. La justicia rechazó además los argumentos del Ayuntamiento y acabó imponiéndole las costas del procedimiento.
Ahora, ante la ausencia de una retirada efectiva de las placas, las entidades recurrentes han solicitado la ejecución forzosa de la sentencia. El juzgado ha admitido la petición y ha requerido formalmente al consistorio para que informe en veinte días sobre las actuaciones realizadas para cumplir el fallo.
La nueva resolución abre un nuevo capítulo en un litigio que se prolonga desde hace años y que ha convertido el callejero franquista de Uesca en uno de los principales conflictos memorialistas de Aragón.
