La Justicia aragonesa ha condenado al Gobierno de Aragón por negar una mastectomía masculinizante a un joven trans y obligarlo a recurrir a la sanidad privada para poder someterse a la intervención. El Juzgado de lo Social número 8 de Zaragoza considera ilegal la negativa del Servicio Aragonés de Salud y obliga a la administración aragonesa a devolver los 6.190 euros que costó la operación.
La sentencia, dictada el pasado 27 de abril, concluye que “no había amparo legal para denegar la mastectomía al demandante” y señala que la intervención fue rechazada “exclusivamente por su condición de menor de 18 años”.
El joven había solicitado la cirugía de masculinización de tórax en el Hospital Universitario Miguel Servet cuando tenía 16 años. En octubre de 2023 fue atendido por el Servicio de Cirugía Plástica e incluso incluido inicialmente en lista de espera quirúrgica para la intervención. Sin embargo, semanas después se le comunicó que “actualmente la cirugía en menores no está contemplada”.
Ante esa negativa, la familia decidió acudir a la sanidad privada. La operación se realizó el 14 de diciembre de 2023 en el Hospital Viamed Montecanal y tuvo un coste de 6.190 euros. Posteriormente solicitaron al Gobierno de Aragón el reintegro del importe, pero la administración lo rechazó alegando que no existía una situación de “urgencia vital” y que el paciente había acudido voluntariamente a la medicina privada.
El magistrado desmonta ese argumento y recuerda que la legislación aragonesa reconoce el derecho de las personas trans menores de edad a recibir “el tratamiento médico que precisen para su bienestar conforme a su transexualidad”. Además, subraya que ni la ley ni los protocolos sanitarios vigentes establecen una prohibición para practicar este tipo de intervenciones antes de los 18 años.
La resolución judicial también recoge que el joven llevaba años identificándose como hombre, contaba con apoyo familiar y seguimiento en la sanidad pública y sufría un importante malestar psicológico relacionado con la disforia de género. Informes médicos incorporados al procedimiento describen ansiedad, dificultades en las relaciones sociales y sufrimiento emocional asociado al desarrollo mamario.
El juez hace además referencia a los criterios internacionales WPATH, utilizados como referencia por los propios profesionales sanitarios aragoneses, que contemplan este tipo de intervenciones en adolescentes mayores de 16 años en determinados casos y señalan que el acceso a estas cirugías puede reducir el malestar psicológico y mejorar la calidad de vida de las personas trans.
“Considero que, en el caso de autos, la decisión del actor de no esperar a los 18 años y acudir a sanidad privada está avalada legalmente”, afirma la sentencia, que sostiene que obligarlo a esperar hasta la mayoría de edad habría supuesto un perjuicio para su desarrollo personal.
Desde EUFORIA Familias Trans-Aliadas, entidad que ha acompañado a la familia durante el proceso, denuncian que el acceso a la sanidad para las personas trans sigue encontrando numerosas barreras pese a la existencia de legislación específica en Aragón. Su presidenta, Natalia Aventín, señala que el desconocimiento de la normativa, la falta de protocolos claros y los prejuicios continúan dificultando la atención sanitaria al colectivo.
Por su parte, el abogado Saúl Castro destaca la importancia de que la sentencia reconozca expresamente que la negativa carecía de cobertura legal. A su juicio, el uso de la edad como argumento para retrasar o impedir tratamientos a personas trans provoca un sufrimiento innecesario y discriminatorio.
La resolución todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
