Justicia "agiliza" los procedimientos de familia y violencia machista con equipos psicosociales

En la zona de Zaragoza trabaja ya un equipo especializado en asuntos de familia compuesto por dos trabajadoras sociales y cinco psicólogas, que se completan con los dos equipos adscritos al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA). En las zonas de Uesca y Teruel trabaja un equipo psicosocial adscrito también al IMLA, que tiene encomendados los informes periciales que puedan solicitar los órganos judiciales de la zona en cualquier materia, salvo menores.

Aragón
Ciudad de la Justicia de Zaragoza. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

La Dirección General de Justicia  del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha varios equipos psicosociales especializados para agilizar la tramitación de los procedimientos de familia y de violencia machista en cada una de las tres zonas aragonesas, en función de las necesidades de cada territorio, refuerzo que va en la línea de procurar los mínimos retrasos en los procesos relacionados en estos procesos, como manifestó la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, el pasado viernes en las Cortes de Aragón.

En la zona de Zaragoza trabaja ya un equipo especializado en asuntos de familia compuesto por dos trabajadoras sociales y cinco psicólogas, que se completan con los dos equipos adscritos al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), integrados, a su vez, por una psicóloga y una trabajadora social que asumen el resto de los informes psicosociales solicitados por los órganos judiciales de este ámbito territorial.

En las zonas de Uesca y Teruel trabaja un equipo psicosocial adscrito también al IMLA, que tiene encomendados los informes periciales que puedan solicitar los órganos judiciales de la zona en cualquier materia, salvo menores.

En el caso de Teruel el equipo se compone de dos psicólogos y una trabajadora social y en el de Uesca de tres psicólogas y una trabajadora social.

La directora general de Justicia, María Angeles Júlvez, explicó que “desde que se declaró el estado de alarma para le gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 se han ido adoptando un conjunto de medidas dirigidas a garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. Particularmente en el ámbito de la Justicia, se ha aprobado el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19, que busca implementar las medidas necesarias para alcanzar una progresiva reactivación del normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, tanto desde el punto de vista de la adopción de los cambios normativos necesarios en las instituciones procesales como desde la perspectiva organizativa”.

Entre las medidas que contempla el Real Decreto Ley se encuentra la regulación «ex novo» de un procedimiento especial y sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia directamente derivadas de la crisis sanitaria. El nuevo procedimiento será de aplicación, tal como determina el artículo 3 del Real Decreto Ley, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización.

Este refuerzo de personal se basa en que las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias han tenido incidencia en el normal desarrollo del régimen de custodia y de visitas de menores, circunstancian que ha provocado, en ocasiones, desequilibrios en los tiempos de disfrute, lo cual es previsible que pueda desembocar en demandas y solicitudes futuras ante los juzgados con competencias en materia de derecho de familia.

Por otra parte, las consecuencias económicas que se derivarán de la crisis de la COVID-19 pueden conllevar alteraciones en las situaciones económicas de las personas obligadas al pago de pensiones alimenticias o bien en las situaciones de quienes las reciben, lo que dará lugar a que sean instados procedimientos para la modificación de tales medidas.

Para cubrir estas necesidades extraordinarias se realizó la licitación del contrato abierto del servicio de emisión de informes psicológicos y sociales como refuerzo a los equipos del IMLA una vez que se produjo el levantamiento de las suspensión de los plazos administrativos. El importe de estos refuerzos supondrá una aportación de 100.000 euros por parte del Gobierno de Aragón.

El nuevo procedimiento será de aplicación durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización. “De esta forma, se  cubre la necesidad de contar de forma coyuntural pero urgente con más profesionales capacitados para la realización de informes psicosociales en el ámbito de familia, así como dotarles tanto a ellos como a las familias sobre las que debe informarse, de un entorno seguro para la realización de estos informes”, explicó la directora general de Justicia del Gobierno de Aragón.

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