Este lunes tuvo lugar la vista del juicio del primero de los procesos judiciales que enfrenta la PAH de Zaragoza. Estos procesos derivan del intento de criminalización de una campaña de denuncia frente a Caixabank, que la plataforma sostuvo en 2023 y que incluyó numerosas concentraciones y acciones de propaganda. Las concentraciones, como las que desarrollaban en la plaza de España en una sucursal de Caixabank, se convirtieron en parte del paisaje urbano del centro de la ciudad por su constancia. Además, en el marco de este conflicto entre la entidad financiera y la plataforma, se produjo el desahucio de la calle San Jorge el 25 de mayo de ese mismo año. En el desalojo "cuatro personas resultaron heridas, una de ellas precisando atención médica", según el relato de la PAH Zaragoza.
La vista de este lunes es parte de un proceso sostenido "de oficio por la Fiscalía", según relatan fuentes de la plataforma. Este proceso sienta en el banquillo a tres integrantes de la plataforma acusados "de causar daños a una sucursal de Caixabank". Según la plataforma la Fiscalía pide una pena desproporcionada que supondría "10.000 euros en multas y seis meses de prisión". Los y las activistas se muestran disconformes con la inusitada beligerancia del ministerio fiscal, teniendo posteriormente que enfrentar otros procedimientos abiertos por la propia entidad bancaria.
Según relata a AraInfo Daniel, una de las personas encausadas, "antes de comenzar el juicio el fiscal presentó nuevos documentos para justificar su acusación. Documentos que en ningún momento en más del año y medio de tiempo que llevamos de proceso se habían mencionado, demostrando una vez más que se trata de una acusación improvisada y sin fundamento cuyo único objetivo es disciplinar a la Plataforma y parar cualquier tipo de acción de los movimientos sociales". La clave de esta nueva documentación es una factura por "reparación" que haría saltar, según relata la plataforma, los límites de cuantías permitiendo así un tipo penal adecuado a las pretensiones de la fiscalía.
Para Nayara, otra de las tres personas encausadas, este proceso "trata de un intento del Estado de desarticular y desintegrar la PAH de Zaragoza". Una valoración que comparte Daniel para quién la actuación de la fiscalía "demuestra, una vez más, que se trata de una acusación improvisada y sin fundamento cuyo único objetivo es disciplinar a la plataforma y parar cualquier tipo de acción de los movimientos sociales".
Aún así, ambos activistas dicen salir "con buenas sensaciones" del juzgado. Y esperan, según relata Daniel, "que el juez se haya dado cuenta de que no hay caso posible y actúe como su compañera en primera instancia, que llegó a archivar la causa en dos ocasiones".
Nayara lo tiene claro: "Por muchos procesos judiciales y castigos ejemplarizantes que quieran imponernos, ni nos callan, ni nos callarán".
