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Jueces y juezas abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 118 personas en el segundo trimestre del año

El 69,8 por ciento de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción entre los pasados 1 de abril y 30 de junio fueron condenatorias. Además, en el tercer trimestre del año adquirieron firmeza otras sentencias que suponen la condena de 60 personas, la mayoría de ellas por delitos de malversación y prevaricación.
| 17 octubre, 2017 17.10
Jueces y juezas abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 118 personas en el segundo trimestre del año
Palacio de Justicia de Teruel.

Los jueces y juezas del Estado español concluyeron en el segundo trimestre de 2017 un total de 30 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 118 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente al segundo trimestre del año.

El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en su página web y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etcétera-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Un 69,8 por ciento de sentencias condenatorias

Entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, los Juzgados y Tribunales dictaron 43 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 30 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 69,8 por ciento del total.

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de las personas acusadas).

60 personas condenadas por sentencia firme por delitos de corrupción

El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.

La cifra que recoge la base de datos, y que en este caso corresponde al tercer trimestre del año, es de 60 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio español de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de malversación, prevaricación administrativa y prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico-.

78 personas penadas sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio español del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Catalunya sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como personas penadas o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenadas o acusadas. A 1 de octubre de este año había en el conjunto del Estado español: 78 personas penadas –en 42 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 21 con el de cohecho- y doce preventivos.

Toda aquella persona que lo desee puede acceder al repositorio de datos de procedimientos por delitos de corrupción en este enlace.

17 octubre, 2017

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