Estudiantes en Movimiento, el Frente de Estudiantes y el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza han organizado este jueves, 18 de noviembre, una movilización para protestar contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la Ley de Convivencia Universitaria (LCU) por el “retroceso en derechos que suponen” ambas leyes para el alumnado de las clases populares. La cita ha sido a las 17.00 horas en la Plaza del Pilar, frente a la Delegación del Gobierno.
Para estas tres organizaciones la universidad pública está en juego. La LOSU y la LCU son una “reforma elitista y que añade barreras a la educación superior”. La pandemia y posterior crisis ha agravado muchos de los problemas que la Universidad arrastra desde hace tiempo y el proyecto de reforma universitaria "va a agravarlos”. Denuncian que la LCU prioriza de manera oportunista los intereses de partido frente a la protección y reconocimiento de derechos y garantías para losy las estudiantes.
Denuncian que estas reformas harán que el estudiantado sea expulsado de la Universidad según su capacidad económica. Tras el “tasazo” de Wert, las consecuencias aún no se han remediado, con consecuencias como matrículas abusivas que muchas familias no se pueden permitir, o un sistema de sobrecostes en las inscripciones. También el sistema de becas y ayudas es “insuficiente” en cantidad y extensión, además de que en muchas ocasiones llega tarde. “Es necesario alcanzar la gratuidad total de los estudios universitarios y los servicios adyacentes a estos, así como un sistema de becas garantista que iguale las condiciones de acceso del estudiantado”, señalan en un comunicado.
También exigen que la universidad “dignifique” la labor del personal administrativo, servicios, docente e investigador, garantizando la estabilidad laboral, las condiciones de la carrera académica y profesional, además de eliminar la tasa de reposición que dificulta la promoción dentro de la institución. Asimismo, al colectivo de trabajadoras y trabajadores predoctorales “se les debe garantizar una remuneración adecuada y reconocerles derechos como la indemnización por finalización de contrato predoctoral”.
Otra de las demandas de esta jornada de lucha es que la representatividad del alumnado debe ser primordial en la toma de decisiones de la Universidad. “Se debe tener en cuenta su opinión de manera efectiva al mismo nivel que el resto de colectivos y que sus posturas no se vean menospreciadas ni infravaloradas por el hecho de ser estudiantes”, afirman.
Señalan que los alumnos y alumnas merecen una universidad “que no se articule en base a intereses privados, que a la vez que aumenta la presencia de empresas en la universidad pública nos convierte, cada vez más, en mano de obra precaria, siendo los títulos duales o la falta de regulación de las prácticas académicas ejemplos de ello”.
La importancia de este día radica en reivindicar “una universidad que gire en torno al estudiante y la comunidad universitaria en su conjunto, en la que esta sea realmente partícipe en la toma de decisiones: una universidad pública, gratuita, democrática y de calidad”, así como que “garantice la igualdad real de oportunidades”. Una universidad cuyo profesorado disponga de las mejores herramientas para ejercer la docencia, investigación y transferencia, siempre en función del interés social, que no empresarial, en opinión de los tres colectivos.
