Izquierda Unida reclama al Gobierno de Aragón mejorar el servicio de atención a menores tutelados. Para ello, su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, presentará este martes en la Comisión de Bienestar Social y Familia una moción dimanante de la interpelación que el coordinador de IU formuló a la consejera del ramo, Carmen Susín, sobre la política general del Ejecutivo en atención a menores tutelados.
Con esta moción, Izquierda Unida pretende responder a problemas detectados y definidos de este servicio público, como los que la consejera “no quiso abordar” en el pasado pleno de las Cortes de Aragón. “Problemas, por ejemplo, como el déficit de profesionales y la falta de un convenio colectivo autonómico de protección y reforma que dignifique a este sector largamente maltratado”, señala Sanz.
La iniciativa incluye cinco puntos. Entre ellos, IU insta al Gobierno de Aragón a definir, dentro de los servicios de protección a la infancia, ratios de atención y a dotar a los equipos de los recursos necesarios para llevarlo a cabo, formando si fuera necesario equipos específicos. Además, reclama la creación, dentro de los servicios de protección a la infancia, grupos de trabajo interdisciplinar para concretar procesos y mejorar la eficacia y coordinación de las intervenciones con entidades externas; reconociendo dentro de las cargas de la jornada laboral, espacios de intervisión y supervisión.
“Son medidas básicas para corregir ese déficit y mejorar la atención a la infancia”, apunta el diputado quien propondrá también al Gobierno que incluya, en el estudio para el refuerzo de los servicios centrales de menores y los servicios provinciales, el estudio de cargas de trabajo y los resultados de los puntos anteriores.
Asimismo, IU reclama a incluir en la evaluación del sistema, la evaluación de las actuaciones implementadas y de las actuaciones pendientes recogidas en la Mesa técnica del SAIA.
En cuanto a las y los profesionales, IU pide al Ejecutivo que impulse, dentro del acuerdo del convenio colectivo autonómico de protección y reforma, el compromiso de reducir la brecha salarial entre los empleados públicos y los trabajadores de los centros privatizados, con una subida salarial de al menos el 25%.
“Es cierto que un convenio colectivo no soluciona todos los problemas que tiene el servicio de atención a los menores, pero sí la precariedad de los profesionales en los centros y cómo afecta ésta a la calidad”, subraya Sanz para reiterar la necesidad de que el Gobierno se implique en esa mesa del convenio y respalden reducir la brecha salarial.
Para el portavoz, “es una vergüenza que los servicios públicos tengan unas diferencias salariales tan grandes entre profesionales de la misma categoría y es responsabilidad de la Administración acabar con esta desigualdad. Navarra y Baleares lo han hecho, así que aquí, si no se hace, es porque no quieren”.
