Izquierda Unida Teruel y el Núcleo del PCE del Bajo Aragón Histórico han mostrado su “más profundo rechazo” a la sentencia del Tribunal de lo Social de Teruel respecto al caso de los tres trabajadores despedidos por la empresa Maessa. También expresan su “absoluto compromiso y solidaridad” para con las personas afectadas y el conjunto de los trabajadores y trabajadoras.
En su opinión, “cuesta comprender como la Fiscalía encuentra indicios de vulneración del ejercicio de la libertad sindical y de cómo la judicatura, en un intento de nadar y guardar la ropa, sentencia la improcedencia del despido y no la nulidad del mismo”.
Consideran, además, que “esta decisión que a simple vista puede parecer favorable para los trabajadores se esconde bajo la gran losa que han supuesto las últimas reformas laborales para el conjunto de la clase trabajadora”. “Estas reformas han dado todo el poder a las empresas para decidir si indemnizan o readmiten al trabajador en caso de ser declarado como improcedente cualquier despido”, añaden.
“Empresas pertenecientes a los grandes conglomerados empresariales que están en manos de las oligarquías tradicionales como es el caso de Maessa y Florentino Pérez, las cuales no dudan en mandar a sus mejores abogados aun cuando están implicados ellos mismos en numerosas causas fraudulentas y de evasión fiscal. Las cuales sobreviven a costa del Estado a través de la contratación de obra pública, externalización de servicios públicos como limpieza, transportes sanitarios, gestión de residuos, etcétera”, subrayan.
Muestran de igual forma su “más absoluta repulsa a este sistema de puertas giratorias que permite que empresas con intereses privados gestionen sectores estratégicos nacionales como es el energético, expoliando durante años los recursos naturales de nuestro territorio como en el caso de Enel-Endesa, la cual saca pecho con su código ético y luego se comporta de una forma propia de otros tiempos”. Es por ello que desde sus posiciones políticas defienden la “planificación democrática de la economía y la nacionalización del sector eléctrico”.
A juicio de ambas formaciones, “lo mínimo exigible a estas empresas es que respeten los derechos de sus trabajadores, pues claro está que las condiciones de trabajo de la plantilla de Maessa no son dignas del siglo XXI, y que sus trabajadores han sido represaliados por organizarse sindicalmente en CCOO y luchar por sus derechos”.
Por todo ello consideran que la única sentencia que podía conllevar "justicia legal y moral para con los compañeros despedidos, así como hacer viable la defensa de los derechos del conjunto de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales de clase era, es y será la declaración de los despidos como nulos y la readmisión de Los#3deMaessa”.
