Izquierda Unida ha registrado una pregunta parlamentaria en las Cortes de Aragón dirigida al consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, en la que solicita explicaciones sobre los recursos destinados a la inspección de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en nuestro país. La iniciativa de IU surge “de la preocupante falta de control ante el crecimiento de alojamientos turísticos ilegales”.
Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en Aragón se han detectado 700 pisos turísticos en situación presuntamente irregular. Sin embargo, en las comarcas del norte, las que concentran mayor número de VUT registradas, solo se impusieron siete sanciones durante el último año.
“Es evidente que los medios actuales para inspeccionar y controlar el cumplimiento de la normativa son insuficientes. No podemos mirar hacia otro lado mientras el fraude en los alojamientos turísticos sigue agravando el problema del acceso a la vivienda”, ha señalado el portavoz parlamentario de IU Aragón, Álvaro Sanz.
La formación recuerda que el Decreto 1/2023 y la Ley de Turismo de Aragón establece los requisitos que deben cumplir las VUT, y que es competencia de la DGA garantizar su cumplimiento. Izquierda Unida denuncia que la falta de inspecciones “está permitiendo que proliferen alojamientos irregulares que encarecen el alquiler residencial y expulsan a vecinos de sus barrios”.
“La vivienda no puede seguir siendo un negocio especulativo. Es urgente que el Gobierno de Aragón actúe con firmeza, refuerce los mecanismos de control y ponga en marcha medidas efectivas para garantizar el derecho a una vivienda digna”, ha subrayado el diputado Sanz.
Por ello, IU Aragón ha solicitado “información detallada” sobre los recursos humanos y materiales destinados a la inspección, la valoración del ejecutivo de Azcón “sobre su suficiencia”, y las medidas previstas para combatir el fraude y mitigar el impacto social de la turistificación en el mercado residencial.
Finalmente, Sanz insiste en que la vivienda “debe ser un derecho y no una mercancía”, y reclama políticas públicas “que prioricen el interés general frente a los intereses económicos de las plataformas de alquiler turístico”.
