Izquierda Unida Aragón ha reclamado explicaciones al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ante la situación laboral “insostenible” en la Fundación del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (FISSA), entidad responsable de la gestión del IISA. Denuncian un modelo de relaciones laborales “impropio de una entidad pública”, caracterizado por “inestabilidad y ausencia de garantías”.
Álvaro Sanz, portavoz parlamentario de Izquierda Unida Aragón, recuerda que la Fundación, creada en 2014 y con más de 220 trabajadores y trabajadoras, forma parte del sector público aragonés aunque se rige por derecho privado. “En once años no ha existido convenio colectivo y la negociación iniciada en 2024 continúa bloqueada. Esta falta de regulación ha permitido consolidar prácticas que vulneran derechos básicos”, subraya.
Sanz cita el encadenamiento de contratos temporales, la utilización de falsos autónomos para cubrir tareas estructurales, la ausencia de una relación de puestos de trabajo que garantice transparencia y la no aplicación de los mecanismos de estabilización. Denuncia también “asignaciones discrecionales a grupos dentro de la misma categoría y a los complementos salariales, generando diferencias retributivas entre profesionales que realizan funciones equivalentes”.
El portavoz destaca la relevancia de las resoluciones de Inspección de Trabajo “que han emitido actas de infracción y liquidación que obligan a la Fundación a equiparar salarios, reconocer los trienios devengados desde la contratación y corregir errores de cotización detectados desde 2020”.
“Pese a la claridad de estas actas, la Fundación no ha informado a la plantilla, no ha aplicado las medidas y ha anunciado a los grupos de investigación que tendrán que asumir el coste. Es una falta de responsabilidad institucional gravísima”, afirma Sanz, que insiste en que Bancalero “debe aclarar cómo se ha permitido esta situación en una entidad dependiente de su Departamento”.
La intervención de María Pilar García, delegada de CCOO y trabajadora del IISA, ha ilustrado “las consecuencias de este modelo laboral”. Detalla que lleva más de 14 años realizando las mismas funciones, en el mismo grupo y bajo el mismo responsable, pero siempre encadenando contratos temporales, cambios ficticios de empleador entre el IACS y la Fundación, e incluso periodos en los que se le obligó a darse de alta como autónoma para continuar con su actividad. “Todo ello con un único fin: impedir que adquiriera la estabilidad y los derechos que me correspondían, vulnerando el Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia que me reconoce como fija desde hace años”, recalca.
García denuncia también “la pérdida de derechos derivados de su antigüedad real”. En julio de 2024 presentó una demanda reclamando el reconocimiento de sus 14 años de servicios. “El juicio se celebró en junio de 2025 y aún no hay sentencia pese a los requerimientos del juzgado a Inspección de Trabajo”, señala.
La trabajadora asegura que, desde que asumió la representación sindical, en apoyo a una compañera que no pudo disfrutar su baja laboral durante un tratamiento de quimioterapia, ha sufrido “presión y hostilidad por parte de la Fundación”, una situación que ha afectado a su salud, obligándole a medicarse y a coger bajas laborales. “Mi caso no es anecdótico, forma parte de un sistema que precariza y castiga a quienes reclaman transparencia y legalidad”, enfatiza.
Además, el comité de empresa, constituido en marzo de 2024, se enfrenta a “un bloqueo continuado en la negociación del convenio”. La delegada de CCOO señala “prácticas como el veto a la presencia de asesores sindicales, algo absolutamente inusual en el sector público, y la celebración de reuniones sin criterios de urgencia, como la convocada hoy mismo a las 13:00 horas pese a la petición de aplazamiento. Reclamamos respeto a la representación y una negociación en igualdad”, concluye.
Por todo ello, Izquierda Unida Aragón exigirá este próximo miércoles en la Comisión de Sanidad que el consejero Bancalero “detalle por qué la Fundación sigue sin convenio colectivo tras más de una década, qué medidas se adoptarán para garantizar legalidad y estabilidad en la plantilla, cómo se justifican las diferencias retributivas detectadas, qué se ha hecho tras las actas de Inspección de Trabajo y por qué no se ha trasladado la información a las personas afectadas”, según Sanz, “no estamos ante un problema aislado sino ante un modelo laboral que debe corregirse de inmediato”.
