El diputado de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz, propondrá este miércoles, en el pleno de las Cortes de Aragón, nueve medidas concretas para garantizar el derecho a la vivienda. Sanz ha destacado la dificultad de las familias de Aragón para pagar alquileres o precios de compra "en un escenario en el que mientras la vivienda ha incrementado un 58% el coste, solo han subido un 17% los salarios".
"Un problema que se agrava por la falta de vivienda pública y el enfoque de la vivienda como un bien de mercado en lugar de un derecho, como se establece en la Constitución española. El acceso a una vivienda digna es una las mayores preocupaciones de la sociedad española, así lo refleja la última encuesta del CIS que lo sitúa en el segundo lugar, y así se entiende por la movilización social que está saliendo a la calle en las principales ciudades españolas, como la que apoyaremos en Zaragoza el próximo día 30", ha señalado Sanz.
Para Izquierda Unida, algo ha fallado en las instituciones públicas, "cuando un derecho establecido en el artículo 47 de la Constitución Española del 78, cada vez está menos garantizado", y poder ejercerlo "requiere de una mayor parte de nuestra renta", mientras "para otros se convierte en una inversión muy lucrativa". En opinión de Sanz, "la realidad es que hoy, una familia con un empleo estable no tiene garantizado este derecho". "Hay que aprender de las políticas que han fallado (al menos a la gente que adquiere o alquila una vivienda para vivir) y de los modelos que están dando buenos resultados, como el que representa el ayuntamiento de Viena que es la mayor inmobiliaria de Europa", ha reclamado el diputado.
En este sentido, Izquierda Unida propone empezar a elaborar el nuevo Plan de Vivienda de Aragón, ya que el actual finaliza en 2025, "donde las soluciones pasan por la dotar de un importante parque público de vivienda que incremente la bolsa de alquiler social y pueda algún día servir como regulador de un mercado especulativo sobre el que el estado tiene hoy muy poco margen de actuación". Mientras tanto, "es necesario movilizar la vivienda que ya existe, aumentar la oferta, con la que está vacía y en condiciones de ser utilizada, como de las que haya que rehabilitar. Además de otras medidas que pudieran incidir en la limitación de la especulación inmobiliaria", ha añadido Sanz.
"Una inversión pública tiene que suponer una herramienta social durante la vida útil de la inversión, por eso, se propone la vivienda en alquiler de titularidad pública nueva, ejerciendo el tanteo y retracto, o la adquisición de la ya construida. Aunque la prioridad no puede ser la VPO en propiedad, esta se debe vincular al régimen público de por vida. De esta manera no debe perder su naturaleza pública y social a lo largo de su vida, sin pasar al mercado especulativo", ha remarcado el diputado de Izquierda Unida.
A corto plazo, Sanz ha subrayado que "hay que movilizar la vivienda privada desocupada, mediante herramientas fiscales y ofreciendo una seguridad sobre el cobro de las rentas, la de la mayoría de las familias que tienen miedo a alquilar las viviendas que han heredado o en las que ya no viven, a la vez que hay un seguro que las protegiera de actos vandálicos". Y para finalizar, "el impulso de nuevos modelos habitacionales, que en Aragón resulta experimental, pero que en otros sitios ya están presentes las cooperativas de vivienda en cesión de uso".
"El Gobierno ha invertido 160.000 millones de euros en subvenciones que no se tradujeron en la construcción de vivienda pública. Hay dos maneras de entender la vivienda, como un derecho, reconocido en el artículo 47 de nuestra Constitución, o como un bien de mercado, que considera la vivienda como un bien privativo y, por lo tanto, no entra en la garantía del derecho a techo", ha concluido Álvaro Sanz.
Desde Izquierda Unida también han animado a participar este sábado, 30 de noviembre, en la movilización convocada en Zaragoza por distintos colectivos con el lema "Contra su negocio. Por el derecho a la vivienda". Una manifestación que llega tras el éxito de la convocatoria del pasado fin de semana en Barcelona que congregó a 170.000 personas.
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