Política

IU se suma a la lucha contra la aplicación del CETA con una iniciativa en las Cortes de Aragón

Izquierda Unida, que rechaza Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea, advierte que afectará a las normativas en materia de agricultura, ganadería, servicios públicos, derechos de los consumidores o salud pública, todas ellas áreas en las que los Estados miembros tienen competencia
| 23 septiembre, 2016 07.09
IU se suma a la lucha contra la aplicación del CETA con una iniciativa en las Cortes de Aragón
Foto: NoTTIP.

Izquierda Unida llevará a las Cortes de Aragón su reivindicación contra la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA) entre Canadá y la Unión Europea. Una reivindicación que Izquierda Unida trasladará a través de una Proposición no de Ley para su debate y votación en el Pleno a propuesta de la Plataforma “No al TTIP”.

La portavoz parlamentaria de IU, Patricia Luquin, señala que este acuerdo “afectará a las normativas en materia de agricultura, ganadería, servicios públicos, derechos de los consumidores o salud pública, todas ellas áreas en las que los Estados miembros tienen competencia”.

En cuanto a la política autonómica concreta, este acuerdo podría restringir la capacidad de los gobiernos autonómicos para apoyar a los proveedores locales y sin fines de lucro y provocar la externalización de puestos de trabajo del sector público a empresas privadas, “donde el personal a menudo se ven obligados a hacer el mismo trabajo en peores condiciones salariales y laborales”, apunta la diputada para añadir que en el documento hay un conjunto de regulaciones transversales relativas a los principios básicos de acceso a los mercados y no discriminación y que podrían afectan negativamente a las políticas públicas y el derecho a regular del Gobierno de Aragón y de las autoridades provinciales y municipales.

También los servicios públicos se verán seriamente afectados ya que el CETA no los excluye y, teniendo en cuenta que al menos 11 Estados miembros de la UE (entre ellos España) se han comprometido a liberalizar los servicios de cuidados a largo plazo, como la atención residencial para la tercera edad, “tales compromisos podrían colisionar con medidas de las Cortes de Aragón para proteger el sector de salud y de atención social a largo plazo”, denuncia.

Para IU, las Cortes de Aragón deben velar para que el comercio internacional sea respetuoso con el desarrollo humano y, en particular, cumpla con las normas y pactos internacionales de los derechos humanos, los derechos laborales, derechos sociales y normas medioambientales vinculantes, así como que cumpla con la protección y promoción de la diversidad cultural y el rechazo a la inclusión en acuerdos internacionales de cualquier cláusula de arbitraje privado que menoscabe el respeto de las soberanías nacionales y regionales. Sobre este asunto, desde la formación política y social advierten que el CETA contempla tribunales de arbitraje, como los del TTIP, “lo que significa que, si la legislación de un Estado no garantiza que se cumplan sus inversiones, las multinacionales podrán chantajear a los gobiernos e influir en las políticas estatales con demandas millonarias”.

Por todo ello, IU insta al Gobierno de Aragón a que, a su vez, inste al Gobierno de España en funciones, en el marco del Consejo Europeo, de no autorizar la firma del acuerdo ni de autorizar la conclusión del CETA y a solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre la compatibilidad del acuerdo con los Tratados Europeos sobre la base del artículo 218 (11) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el objetivo de evitar que un acuerdo incompatible con los Tratados Europeos sea concluido y que no ratifique el acuerdo mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha dado a esta opinión.

“Que el CETA se apruebe por imposición no parece la idea más sensata teniendo en cuenta el impulso que está tomando la extrema derecha en Europa”, continua Luquin para alertar que este “impulso se va a ver multiplicado por el Brexit”.

Cabe destacar que se trata un acuerdo integral de carácter mixto afectando tanto a competencia exclusivas de la UE como cubriendo las competencias nacionales y regionales, por lo que, para Izquierda Unida, es esencial celebrar un debate democrático en los parlamentos nacionales y regionales para que puedan participar en el proceso de ratificación. Una idea que IU ha incluido en su iniciativa para que Aragón inste al Gobierno en funciones a que defienda, en el marco de los debates en el Consejo Europeo, que el CETA sea calificado como un acuerdo mixto, “lo que implica que la ratificación obligatoria en los parlamentos nacionales de los Estados miembros”, apunta Luquin.

Por último, IU propone que el Gobierno de España rechace cualquier aplicación provisional del acuerdo y que la Comisión Europea espere hasta que todos los procedimientos nacionales de ratificación se lleven a cabo con el fin de escuchar la voz de la ciudadanía europea, antes de una posible entrada en vigor del CETA.

23 septiembre, 2016

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