IU reclama la modificación de la Ley de Emergencia Social en materia de becas de comedor

“No contempla número de miembros familiares, discapacidades, hipotecas, bruto o neto, etc., este artículo en sí mismo impide a las entidades locales poder dar cobertura de becas de comedor a un rango más flexible en familias que realmente lo necesitan”, ha explicado Patricia Luquin

Patricia Luquin en las Cortes de Aragón.

Izquierda Unida Aragón trasladará a las Cortes el problema al que se enfrentan las corporaciones locales a la hora de otorgar las becas de comedor ante la disparidad de criterios adoptados en base a la interpretación de la Ley 10/2016, de medidas de emergencia social.

Cabe recordar que Izquierda Unida denunció esta situación este verano. Su concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Utebo, Rosa Magallón, explicó que su Área otorgaba anualmente becas de comedor social, subrogándose a la convocatoria del Gobierno de Aragón, pero aumentando el rango de concesión a 2,5 veces el IPREM, en lugar de 2 veces el IPREM del Ejecutivo, lo que permitió dar 58 becas el año pasado a niñas y niños que no hubieran entrado en el rango del Departamento de Educación.

Ahora, tras la aprobación de la Ley de Emergencia Social, el Ayuntamiento de Utebo no puede efectuar su convocatoria como el año anterior y conlleva que familias que obtuvieron una ayuda municipal no podrán acceder este año a ella. “Es decir, se han creado unas expectativas ahora defraudadas, lo que vulnera el principio de seguridad jurídica”, advierte la portavoz de IU en las Cortes, Patricia Luquin, quien formulará una pregunta oral a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª Victoria Broto, en la sesión plenaria de este viernes.

La Ley de Emergencia Social es de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas (artículo 2 de la ley que atiende al ámbito de aplicación), y por ello, IU considera que debe ser modificada.

En concreto, del artículo 16 de la nueva Ley de Emergencia Social de 2016, que dice que: “Las convocatorias para becas de comedores escolares deberán seguir los siguientes criterios de garantía de los derechos sociales: a) El máximo de renta familiar para tener acceso a las becas será de dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente para el período objeto de la convocatoria”.

Independientemente de lo indefinido de tal artículo, que no contempla número de miembros familiares, discapacidades, hipotecas, bruto o neto, etc., este artículo en sí mismo impide a las entidades locales poder dar cobertura de becas de comedor a un rango más flexible en familias que realmente lo necesitan”, ha explicado Patricia Luquin para quien “los requisitos impuestos por la Ley son contrarios a su finalidad esencial”.

Entendemos que esta norma está dirigida a reconocer, no a limitar, los derechos a las y los ciudadanos que se encuentran en una precaria situación y debe ser interpretada en el sentido que más favorezca, especialmente si se trata de menores”, añade la diputada para reiterar que lo que se pide es “una fórmula que dé garantía jurídica a los Ayuntamientos a la hora de publicar un rango más amplio de concesión de las becas para ayudar a paliar las penurias económicas de las familias para las que se supone que se promulga esta norma”.

Sobre este asunto también se ha pronunciado el Justicia de Aragón que ha hecho una sugerencia al Gobierno como la que plantea IU.

Toda esta situación será planteada en el pleno de las Cortes, en el que la portavoz de IU solicitará a la consejera Broto que explique qué medidas y actuaciones tiene previsto tomar su Departamento para eliminar la disparidad de criterios que algunas corporaciones locales han adoptado, y otras no, para poder otorgar las becas de comedor y cumplir así tanto las recomendaciones del Justicia de Aragón como la propia opinión de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales.

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