En Aragón 845.140 personas están sometidas a un riesgo industrial químico en las 11 instalaciones fijas que requieren de la aprobación de un Plan de Emergencia Exterior (de las 40 sujetas a la normativa) -según afirman desde IU Aragón-, en poblaciones como Zaragoza, Utebo, Samianigo, La Zaida y Monzón (con cuatro industrias). Esta pasado lunes, en Samianigo tuvo que activarse el Plan de Emergencia por riesgo químico tras un incidente en una fábrica de cloro en el que tres trabajadores resultaron heridos.
“Ayer se avisó a la población, sonaron las alarmas, y hubo coordinación entre administraciones que controlaron la situación”, señala el coordinador de IU Aragón y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, para recordar que en este municipio altoraragonés la normativa Seveso, dirigida a prevenir los accidentes en determinados sectores industriales, se aplica y cuentan con un Plan de Emergencia Exterior actualizado gracias al empeño y trabajo de Cambiar Sabiñánigo desde hace unos años.
Si bien es cierto que Aragón cuenta con una decena de Planes de Emergencia Exterior aprobados o en elaboración, algunos datan de hace 10 años y, por lo tanto, son anteriores a la aprobación de la última normativa en 2015 e incluso de la aprobación del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón. Estos planes están concebidos para tener una respuesta ágil ante un siniestro grave, pero para ello en situaciones de normalidad hay que tenerlos en “orden de revista”.
Izquierda Unida ha podido constatar que las medidas recogidas en los distintos Planes de Emergencia Exterior (PEE) “no se cumplen, especialmente en lo que concierne a la participación de la población, pero tampoco al trabajo de adiestramiento y simulacro con los grupos que deben actuar en la emergencia en el caso de situación declarada”.
“Incluso nos han informado que hay lugares con alarmas sonoras instaladas a principios de siglo que hoy no funcionan. Esto es grave, aunque ¿de qué sirve la emisión de la alerta si la población no sabe por qué suena y qué hacer cuando suena?”, advierte Sanz.
IU considera que “es necesaria una revisión y actualización de los PEE aprobados antes del Decreto del Gobierno de Aragón por el que se aprobó el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón o del Real Decreto 840/2015, por el que se aprobaron medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, e incluso del Real Decreto 1070/2012, por el que se aprobó el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico”. Para Sanz, “estos planes, como los coches, necesitan pasar por el taller y ser sometidos a una 'revisión de mantenimiento' porque de nada sirve elaborarlos y meterlos en un cajón, cuando las circunstancias que condicionaron en el momento de su redacción van cambiando con los años”.
Hay que pensar que el Plan Territorial de Aragón del 2014 es posterior a la elaboración de 7 de los 10 PEE con que cuenta Aragón y en éste se establecen las normas generales que deben cumplir en lo que respecta a la definición de la estructura, la organización y funciones, para garantizar así la eficacia en la organización de los recursos humanos y materiales en situaciones de emergencia.
Sobre todo ésto interpeló Sanz a la consejera de Presidencia el pasado mes de febrero y de ésta dimana la moción que presentará en las Cortes de Aragón. “No se trata de alarmar a la población, - apunta Sanz- pero sí de preparar y mantener en las mejores condiciones los medios materiales y humanos que, en el hipotético caso de que se produzcan estos siniestros, tendrían que actuar, y de informar y de preparar a la población para que sepa cómo y cuándo debe actuar”.
A través de esta moción IU insta al Gobierno de Aragón a revisar y actualizar los protocolos y medidas de todos los PEE en zonas afectadas por industrias que trabajan con sustancias peligrosas y a cumplir con las medidas que se establecen en estos Planes en situaciones de normalidad, para las poblaciones afectadas, especialmente: Garantizando una dotación adecuada de materiales, organizando simulacros de emergencia periódica con la participación de los diversos grupos de acción implicados en una hipotética emergencia planteada (mínimo uno cada 3 años), programando ejercicios de adiestramiento de los cuerpos implicados, llevando a cabo programas de enseñanza básica de protección personal de la población y poniendo en marcha campañas de divulgación e información entre la población, con charlas, demostraciones, folletos y acciones de familiarización de los sonidos de las alertas.
Además, IU “demanda al cuatripartito elaborar la Ley de Emergencias y Protección civil de Aragón considerando el riesgo generado por los establecimientos que manejan sustancias químicas peligrosas, estableciendo protocolos de revisión de los PEE que afectan a las zonas de influencia de estas industrias y garantizando la dotación de medios para la información y formación de la población afectada”.
