IU pide a Oliván información sobre el nuevo concurso público para la adjudicación de los servicios de transporte no urgente sanitario

El grupo parlamentario de IU Aragón reclama al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, información relativa al nuevo concurso para la adjudicación de los servicios de transporte no urgente sanitario, ante las irregularidades detectadas en la prestación y/o facturación de este servicio, y sobre la elaboración de la aplicación informática que tiene como objetivo evitar “cualquier error” en la facturación de los mismos. Una información que la portavoz de Sanidad, Patricia Luquin, ha solicitado explicaciones al consejero "ante la ausencia de información sobre el nuevo concurso de adjudicación del servicio de transporte sanitario no urgente que, en Aragón, es prestado, en …

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La portavoz de Sanidad de IU, Patricia Luquin.

El grupo parlamentario de IU Aragón reclama al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, información relativa al nuevo concurso para la adjudicación de los servicios de transporte no urgente sanitario, ante las irregularidades detectadas en la prestación y/o facturación de este servicio, y sobre la elaboración de la aplicación informática que tiene como objetivo evitar “cualquier error” en la facturación de los mismos.

Una información que la portavoz de Sanidad, Patricia Luquin, ha solicitado explicaciones al consejero "ante la ausencia de información sobre el nuevo concurso de adjudicación del servicio de transporte sanitario no urgente que, en Aragón, es prestado, en parte, por la empresa Ambuibérica (actual concesionaria) y ante los últimos hechos que supusieron la detención, el pasado marzo y por parte de la Unidad de Delincuencia Económica de las Policía española, de un responsable y una administrativa de Ambuibérica". IU recuerda que dichas actuaciones se produjeron tras la investigación que abrió la Fiscalía de la Audiencia de Zaragoza tras una denuncia que alertaba de irregularidades en el cobro de servicios de esta empresa al Servicio Aragonés de Salud.

Ambuibérica, cuya sede central está ubicada en Valladolid y tiene como gerente a un exdiputado del Partido Popular, ha tenido problemas en otros territorios en los que también presta servicios de transporte sanitario, como Euskal Herria o Castilla-La Mancha. En estos momentos, ha saltado también la alarma en Catalunya, que tiene previsto sacar a concurso el Transporte Sanitario de Catalunya y, según señalan diferentes medios, la Policía podría estar siguiendo “los pasos” de STS Grupo y del Ambuibérica.

En Aragón, el plazo de la adjudicación del servicio ha finalizado y ya han trascurrido seis meses desde que el consejero de Sanidad explicara ante el Pleno de las Cortes y a petición de IU Aragón que “las irregularidades detectadas afectaban a algunos meses de los años 2012 y 2013 en los que la empresa recibió de la administración 136.811 euros más de los que le correspondían.” Así como, que se optó por ampliar la adjudicación a Ambuibérica porque “se trataba de una prestación que no podía dejar de darse ni un solo día”.

“Oliván señaló que estaba previsto sacar el concurso para este mes de mayo”, señala Luquin y, según ha conocido a través de los medios de comunicación, el Departamento de Salud, ante la proximidad de la convocatoria del concurso, “ha querido extremar el control para evitar las irregularidades como las que se han verificado en los últimos tiempos, y que son, actualmente, objeto de investigación judicial”.

Para la portavoz de IU Aragón, “es urgente y necesario aplicar estrictas medidas de control para evitar que casos como lo que se han vivido con parte del transporte sanitario no urgente en Aragón no vuelvan a suceder y que empresas que han cometido irregularidades en la prestación y/o facturación de servicios con la Administración no puedan optar a concurso públicos”.

Por este motivo, Luquin ha solicitado al consejero de Sanidad que informe de la fecha en la que tiene previsto sacar el concurso, qué tipo de medidas de control se van a adoptar para evitar irregularidades y le pide que explique si tiene intención de penalizar a aquellas empresas que las han cometido al prestar un servicios contratado con la administración pública como es este caso y, en caso negativo, cuáles son las razones para no hacerlo y para permitir que empresas que han llevado a cabo irregularidades puedan seguir optando a concursos públicos.

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