Izquierda Unida ha presentado una batería de preguntas y pedirá información en el Pleno de las Cortes al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, relativa al comienzo de la actividad del promotor de la planta de energía eléctrica mediante biomasa en Monzón.
Cabe recordar que por Resolución de 6 de agosto de 2015, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se formuló la declaración de impacto ambiental y se otorgó la autorización ambiental integrada para esta planta de generación de energía eléctrica mediante biomasa de 170 MWt, promovida por Solmasol I, SL.
La citada resolución generó una amplia contestación social en la ciudad de Monzón, contestación basada en las afecciones a la propia ciudad y su ciudadanía, afecciones relativas a la salud, el tráfico rodado, los niveles de ruido, calidad atmosférica, ordenación del territorio o la modificación ambiental y paisajística del entorno comarcal por el necesario cambio drástico en el paisaje forestal y agrario a consecuencia del imprescindible cambio de cultivos. Motivos por los que la portavoz de IU en el parlamento aragonés, Patricia Luquin, formulará una pregunta oral al consejero en el Pleno de las Cortes.
Dicha resolución se supeditó al cumplimiento de diverso condicionado y establece un período de caducidad de cuatro años si, desde su publicación, no se hubiera iniciado la ejecución del proyecto y el promotor no hubiera comunicado su intención de llevarlo a cabo, a los efectos de lo previsto en el condicionado. Además, estipula que el plazo desde la notificación de la presente resolución y el comienzo de la actividad deberá ser inferior a cinco años. De otra forma, la citada resolución quedará anulada y sin efecto.
Posteriormente a esta resolución, el Gobierno de Aragón publicó la Resolución de 10 de febrero de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se revisa y modifica la Resolución de 6 de agosto de 2015. Entre las diferentes cuestiones publicadas, en lo relativo al Control de la Calidad del Aire se establece lo siguiente: “Los monitores de medición de benzopireno deberán entrar en funcionamiento con al menos dos años de antelación al inicio del periodo de pruebas de la central térmica”.
Dado el plazo de tiempo transcurrido desde la resolución de 2015, los condicionantes previos temporales citados y la duración de unas obras que no han comenzado, Luquin pide a Olona que aclare si el promotor podrá dar comienzo a su actividad antes de los cinco años previstos para dar validez a la declaración de impacto ambiental y autorización ambiental integrada.
Volviendo a la resolución de 2015, ésta también se supeditó al cumplimiento de condicionado relativo autorizaciones para la construcción de un nuevo acceso al polígono Las Paules; para las plantaciones forestales; para la instalación de la línea eléctrica de evacuación de la planta al SET “Cinca”; para la ocupación de terrenos pertenecientes al monte de utilidad pública; las obras para el almacenamiento del gas natural licuado; para las rutas de transporte de la biomasa de las parcelas de cultivo energético a la planta de generación eléctrica; etcétera. Sobre todas esas autorizaciones y su estado de ejecución, la diputada de Izquierda Unida ha solicitado respuesta escrita al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad así como al departamento de Carreteras.
Para Luquin, “más allá de valoraciones políticas sobre lo que supone y requiere una central de biomasa de estas características, es inadmisible que se planteara este proyecto tan cerca del casco urbano y sus gentes. Hacerlo ahí y no buscar otras alternativas para un proyecto que decía ser tan ambicioso, es reflejo del interés particular y nunca del interés general”.
