Izquierda Unida ha solicitado al Gobierno español explicaciones ante las pretensiones de la empresa energética Gas Natural de desarrollar, en el subsuelo del espacio protegido de Doñana, un almacén de gas subterráneo que, además, conlleva abrir 14 nuevos pozos exploratorios y 20 kilómetros de nuevos gasoductos en el entorno del Parque Natural. Un proyecto sobre el que la UNESCO, través del Director del Centro del Patrimonio Mundial, Kishore Rao, ha pedido también explicaciones al Gobierno popular y ha alertado sobre las incidencias que, de llevarse a cabo, tendría sobre este importante espacio protegido.
El diputado de La Izquierda de Aragón en el Congreso, Álvaro Sanz, ha remitido varias preguntas al Ejecutivo español ante las autorizaciones del proyecto por parte del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la negativa de la Junta andaluza a concederlas por los previsibles impactos ambientales sobre el Parque de Doñana, que está protegido y declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, y la intención de Gas Natural de reclamar a la Junta 358 millones de euros si no da luz verde al proyecto.
El diputado del grupo La Izquierda Plural muestra su preocupación por la autorización concedida en 2013 por el ministerio y le acusa de “poner el interés de la multinacional energética por encima de la conservación de un espacio protegido, siguiendo la política desarrollada hasta ahora por el Ejecutivo de 'plegarse' la lobby energético y, como ocurrió en el ‘Proyecto Castor’, sin medir los riesgos para la ciudadanía y el medio ambiente, demostrando así que su preocupación es situarse al lado de quienes anteponen los beneficios económicos al interés general”, denuncia Álvaro Sanz.
Por estos motivos, el diputado pregunta al Gobierno español qué opinión le merece la preocupación de la UNESCO por el proyecto del almacén de gas en Doñana y le exige que informe de los motivos por lo que apoya esta infraestructura gasística.
Cabe recordar que fue en 2013, cuando Gas Natural obtuvo permiso del Gobierno español. Sin embargo, y es esta una las razones en la que se apoya la Junta de Andalucía para denegar los permisos, la autorización se resolvió troceando el proyecto en cuatro Declaraciones de Impacto Ambiental distintas. Sobre este asunto, Álvaro Sanz pregunta al Gobierno si considera que, dividir el proyecto en cuatro partes para su tramitación, vulnera las directivas comunitarias y la normativa española en lo referente a los trámites para las evaluaciones de impacto ambiental.
Preguntas en Europa
Para IU, trocear el Proyecto para “pasar” así el estudio de impacto ambiental genera muchas dudas y, de hecho, la validez de este proceso ya fue investigada por el anterior comisario de Medio Ambiente de la CE, JanezPotocnik. Ahora, la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López Bermejo, ha solicitado a la Comisión Europea que informe si conoce los proyectos autorizados de almacenamiento y extracción de gas en Doñana, si considera que esta autorización podría haber infringido la normativa comunitaria y le pregunta por las medidas o investigaciones que está llevando a cabo alrededor de este proyecto.
358 millones de euros
Por su parte, el responsable federal de Energía, Adolfo Barrena, señala que Izquierda Unida se ha opuesto siempre a proyectos que, en materia energética, se ponen en marcha sin una clara evaluación de los riesgos, los costes sociales y los costes ambientales y recuerda lo sucedido recientemente con el Proyecto Castor.
Para Barrena, la reclamación de Gas Natural a la Junta de Andalucía de una indemnización de 358 millones de euros si bloquea el proyecto, recuerda a la estrategia usada por el Gobierno para que la ciudadanía pague la paralización del ‘Proyecto Castor’. “Nos preocupa esta reclamación porque el Ejecutivo ya nos ha demostrado en más de una ocasión que antepone los intereses de las multinacionales a los intereses generales y pasa por encima de los riesgos ambientales”, concluye Barrena.
