IU Huesca-La Hoya reclama una política "urgente" de alquiler social en la zona y en la capital

Se pide al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda que no dejen atrás a las personas más vulnerables, expresando la preocupación por que se prioricen proyectos de “alquiler asequible” por delante del urgente “alquiler social”

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Izquierda Unida Huesca-La Hoya ha reivindicado una política "urgente" de vivienda en la zona y, más en concreto, en Uesca capital. "La situación de precariedad estructural que sufrían muchas familias se está viendo agravada por la nueva crisis, por lo que tanto Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Huesca deben actuar para paliar este drama social", afirman. IU vuelve a denunciar que decisiones como el cierre de la Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Uesca o el retraso en las obras del solar de La Merced "acentúan la emergencia habitacional".

Antes de la pandemia, los datos de demanda de alquiler social (de octubre de 2019) eran de 9.383 frente a las 42 viviendas disponibles de la DGA, en su mayoría reservadas para situaciones urgentes o desahucios. En febrero de 2018, el Gobierno de Aragón tenía en la zona de Uesca 261 demandantes de vivienda con derecho reconocido, es decir, que cumplían los requisitos establecidos. De ellos, 197 estaban en la capital oscense. Sin embargo, en abril de 2019 se supo el dato de que Uesca cuenta con 5.120 posibles viviendas vacías.

Además, se ha dado una creciente baja de viviendas aportadas por particulares a la menguante bolsa de alquiler territorial: en 2017 no se renovaron diez contratos, en 2018 aumentó a trece y en lo que iba de 2019 fueron dieciocho.

"Todo lo cual agrava la situación en cuanto al estado de carencia de vivienda para alquiler social en nuestra provincia por parte del Gobierno de Aragón para responder satisfactoriamente a las necesidades sociales en materia de vivienda, a lo que en Huesca se añade la del Ayuntamiento, carente de propiedades suficientes para responder a las necesidades sociales mencionadas y al parecer, falto también de una política de vivienda que responda a las necesidades y derechos fundamentales de las personas y familias más vulnerables y afectadas tanto por la crisis anterior, como previsiblemente por la actual, dado el desmantelamiento de la Oficina Municipal de Vivienda".

Cabría subrayar el "grave retraso" acumulado para poner en marcha la construcción de vivienda en el solar de La Merced, prevista comenzar en 2018, según señaló en 2016 el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro. "A lo que cabe añadir la gravedad que conlleva el hecho de que el Gobierno de Aragón se decante finalmente por implementar un 'alquiler asequible', del que se desconocen los criterios seguidos para su establecimiento y en concreto a qué se refiere con dicho término, en lugar de destinar esas viviendas al alquiler social con vistas a su adjudicación a la bolsa de alquiler social", subrayan.

En sus declaraciones el pasado 24 de junio, la directora general de Vivienda, Verónica Villagrasa, indicó que “se impone ahora un cambio de perspectiva, apostando por el alquiler asequible”. Según IU, Villagrasa decía que quieren trabajar en diferenciar entre vivienda social y vivienda asequible, porque son dos tipos de hábitats que atienden a necesidades coyunturales y estructurales diferentes y con una finalidad también distinta. "Su objetivo es que ese proyecto pueda ser orientado a alquiler asequible, porque es la necesidad hacia la que cree que ahora deben trabajar. En unos momentos en los que la crisis sanitaria, que previamente también era socioeconómica, golpea con dureza a mucha gente, nos gustaría saber a qué razones obedece dicha decisión", apuntan desde la formación política.

Y finalizan aseverando que "esta no parece la forma de priorizar los derechos de las personas más vulnerables y afectadas por las crisis anterior y actual, no es el camino para no dejar a nadie atrás".

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