Izquierda Unida pedirá al Gobierno, este lunes en la Comisión de Economía y Empleo de las Cortes, que tome medidas contra la economía sumergida y el fraude laboral. Para ello, presentará una Proposición no de Ley en la que insta al Ejecutivo aragonés a dirigirse al central para que, "conjuntamente y de forma coordinada, tomen todas las medidas que estén a su alcance para luchar contra esta economía subterránea, aumentando el número de controles a efectuar y expedientes a verificar en Aragón".
IU recuerda que en Aragón durante 2012 afloraron 2.036 empleos irregulares, según los datos ofrecidos por la Inspección de Trabajo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que realizó en 2012 más de 23.000 controles, y fruto de la actividad desarrollada el Estado recaudó 20,7 millones de euros para las arcas públicas.
Para el portavoz de Economía y Empleo de IU en las Cortes, Luis Ángel Romero, “la proliferación de la economía sumergida y el fraude laboral es uno de los efectos de la situación de crisis económica y financiera. “Es necesario –continúa- que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado y, de manera coordinada con el Ejecutivo central que es el competente en esta materia, ponga en marcha todas las acciones que permitan erradicarlo porque, hasta el momento, el Gobierno se ha centrado únicamente la lucha contra el fraude laboral en las sanciones que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), deberían ser el último recurso, proporcionadas y disuasorias”.
En su opinión, se trata de un “problema complejo que requiere una respuesta multidimensional” y por ello "es necesario realizar un diagnóstico en profundidad sobre las causas de la economía sumergida en Aragón y, a partir del cual, generar un plan integral, multidimensional, equilibrado, coordinado, participado, estructurado temporalmente y apoyado en una dotación suficiente de recursos, porque concienciación y prevención y la coordinación entre administraciones y la participación de los interlocutores sociales han demostrado que son insuficientes”, explica.
Por eso, Izquierda Unida reclama una regulación detallada que siga las recomendaciones de la OIT al incorporar medidas para disuadir de la realización de trabajo no declarado con concienciación, prevención y sanciones, además de reforzar los sistemas de inspección y abordar la participación de los agentes sociales y las autoridades judiciales por su relevante papel en la erradicación de la economía sumergida.
