Izquierda Unida traslada este martes a la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón una proposición no de ley (PNL) impulsada por la Plataforma por un Convenio de Protección y Reforma de Menores en Aragón, que este lunes exigió en rueda de prensa la elaboración de un convenio aragonés que "mejore y dignifique" las condiciones laborales de estas trabajadoras y trabajadores de protección y reforma de menores.
"Con esta iniciativa, que IU ha hecho suya, se busca garantizar condiciones dignas y superar la precariedad en el trabajo de estos profesionales que son fundamentales para el servicio público", ha explicado el portavoz parlamentario de IU Aragón, Álvaro Sanz en la rueda de prensa convocada para detallar la PNL junto con Beni Esteban y Sonsoles Jiménez, representantes de la citada Plataforma.
En la iniciativa se exige al Gobierno de Aragón que constituya una mesa de negociación, incluyendo a sindicatos, empresas y organizaciones del sector con el objetivo de analizar la situación y elaborar un convenio que mejore las condiciones laborales de este colectivo. Así, una vez firmado el convenio de Reforma y Protección de Menores para Aragón por todas las partes implicadas, el Ejecutivo adaptará las licitaciones, convenios o conciertos para adecuarlas al nuevo marco laboral.
Según Sanz, hoy los trabajadores y trabajadoras de protección y reforma de menores en Aragón están viviendo y atravesando una "situación de precariedad tremenda" que "no puede seguir produciéndose por cuanto estamos hablando de servicios públicos y de competencia de menores, que es competencia autonómica". "En este sentido, lo que Izquierda Unida vuelve a exigir a la administración es que se moje y no se lave las manos, se siente por las partes y trabaje para la elaboración de ese convenio marco que facilite superar esa situación de precariedad", ha subrayado Sanz para quien "el Gobierno de Aragón no puede inhibirse de garantizar la prestación de un servicio tan sensible como este, que es público". De hecho, ha continuado el portavoz de IU, "todos los centros donde trabajan estas personas o son públicos o están concertados y, por lo tanto, es responsabilidad directa del gobierno de Aragón garantizar que el trabajo que se desarrolle en estos centros se trabaje en las condiciones óptimas y, por supuesto, sin precariedad".
Por otra parte, desde la Plataforma, Berni Esteban ha reclamado "compromisos reales" por parte de los grupos parlamentarios después de que hace aproximadamente un año expusieran estas reivindicaciones en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas. "Logramos buenas palabras y apoyo de muchos de ellos que no han surtido más efecto", ha lamentado para recordar que son un colectivo de trabajadores y trabajadoras "pequeño", unas 600 personas en todo Aragón, que atienden a niños, niñas, niñes y jóvenes desfavorecidos y en situación de vulnerabilidad en centros de titularidad pública con gestión externalizada.
"Favorecer el trabajo de cuidados empieza por dignificar las condiciones de ese trabajo", ha argumentado Esteban para denunciar que, "pese a haber sido esenciales en la pandemia o cuando se declaran en huelga y se establece el 100% de servicios mínimos, se encuentran en la más absoluta precariedad con sueldos de 1.000 euros en un trabajo que requiere formación universitaria y en el que se exponen a una carga laboral brutal y situaciones de estrés y de violencia".
Su compañera Sonsoles Jiménez ha criticado "la lamentable tendencia a considerarlo un trabajo precario", recalcando que lo realizan mayoritariamente mujeres y que la situación del sector "perpetúa estereotipos de género y la feminización de la pobreza". "El papel de las mujeres en el cuidado de los menores es fundamental", ha continuado Jiménez, destacando que requiere "un compromiso emocional profundo para abordar las complejas necesidades emocionales y sociales de estos menores".
"Que se valore el papel que desarrollamos y que se negocie un convenio aragonés que garantice condiciones laborales justas y sería un paso importancia hacia un sistema de cuidado de menores más justo y equitativo en Aragón", ha concluido Jiménez.
