Izquierda Unida reclama al Gobierno de Aragón que informe del grado de cumplimiento de la Proposición No de Ley (PNL) que insta a la necesidad de una ley de regularización de la profesión de educación social y su implantación de la carrera universitaria en el campus de la ciudad de Uesca.
La iniciativa, presentada por Izquierda Unida, fue aprobada por el Pleno de las Cortes el pasado mes de mayo. Su portavoz parlamentaria, Patricia Luquin, recuerda que el texto aprobado instó al Ejecutivo aragonés a solicitar al Gobierno español que presente un proyecto de Ley a las Cortes Generales para la regularización de la profesión de Educación Social.
Además, exigió al Gobierno de Aragón y a la Universidad de Zaragoza que trabajen conjuntamente para la implantación en el campus de Uesca de la Titulación de graduado/graduada en Educación Social. Asimismo se propuso que este acuerdo se trasladara al Gobierno español, a los grupos parlamentarios del Congreso, al Consejo de Educadoras y Educadores sociales de Aragón y al Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales.
“Sin embargo -señala Luquin-, no tenemos constancia de que esto haya ocurrido”. Por ello, ha registrado una pregunta a la consejera de Innovación, Investigación y Universidad para que explique el grado de cumplimiento de cada uno de los puntos recogidos y aprobados de esta Proposición No de Ley, con especial hincapié en el desarrollo del trabajo efectuado para el cumplimiento del punto relativo al campus de Uesca.
La profesión de educación social está concebida como una profesión de carácter pedagógico que aplica prácticas de acción social y educativa en contextos variados: adicciones, menores, desarrollo comunitario, diversidad funcional, personas adultas, orientación familiar, dependencia, igualdad de género y violencia, inserción social, mediación, salud mental, etcétera.
Para IU, su profesionalización supone importantes mejoras en su formación, la consolidación de las prácticas socioeducativas y el desarrollo de nuevas herramientas.
“No obstante y a pesar de su notable presencia en los equipos profesionales de servicios sociales de ayuntamientos, la falta de regularización de la profesión impide un establecimiento claro de su alcance y sus límites, favoreciendo el intrusismo y la falta de criterios a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional y de determinar sus funciones”, explica.
Además, Luquin recuerda que en Aragón no existe una formación reglada presencial, salvo la que imparte la UNED. En su opinión, “la Educación Social es una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, por lo que los educadores sociales realmente tienen más cosas en común a nivel formativo con los docentes, con lo que encajaría dentro del campus oscense”.
