Izquierda Unida Aragón critica con dureza la gestión del Gobierno PP-Vox-PAR del dinero público. “El Ejecutivo de Azcón parece que no sabe hacer nada solo y tiene que contar con la participación privada para hacer las cosas”, denuncia su Coordinador General y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, en relación con la externalización de la tramitación de las ayudas a la rehabilitación de vivienda.
El Gobierno de Azcón incrementa la externalización de servicios públicos en un 13,40% y, en concreto, en estudios y trabajos de redacción en un 26% en el proyecto de ley de presupuestos de Aragón para 2024. Un ejemplo de “este principio político que impregna la gestión del PP-Vox-PAR es la decisión adoptada por la Directora General de Vivienda, Pía Canals, para ‘arreglar’ un problema en la Administración Pública que, por lo que parece, se debe a falta de personal en su dirección general. Una falta de personal que en otros servicios de la administración sí se ha dotado cuando se ha requerido”, apunta el diputado para quien “son los empleados públicos los que deben ejercer estas funciones”.
En concreto, el diputado Izquierda Unida hace referencia a la “excusa” que ha utilizado Canals para llevar a cabo esta externalización y que tiene que ver con las ayudas para la rehabilitación de vivienda de la UE “que aún tiene por repartir en Aragón”.
La directora general de Vivienda argumenta que con la plantilla existente, 22 funcionarios y funcionarias, no se llegará a tiempo para cumplir con los requisitos para recibir esas ayudas de Bruselas “y por ese motivo ha decidido externalizar con los colegios de arquitectos y aparejadores que, además de informar y asesorar de estas ayudas a particulares y profesionales, ahora asumirán la redacción de informes de idoneidad que no serán vinculantes y recibirán por ello 135.000 euros”.
Asimismo, Sanz recrimina al Gobierno de Azcón que Canals “está favoreciendo al sector en el que ella trabajaba incluso cuando fue nombrada directora general, cuestión que el Ejecutivo no ha aclarado” a pesar de la pregunta registrada por IU en las Cortes ante una posible situación de incompatibilidad manifiesta entre el desempeño de las funciones de la Dirección General de Vivienda y los trabajos contratados con la administración aragonesa.
