IU Aragón exige en Las Cortes la modificación del decreto sobre los desahucios del Gobierno Central

Izquierda Unida reclama en una PNL que el Ejecutivo autonómico solicite a las entidades bancarias con las que éste trabaja, que realicen una moratoria en los desahucios de la primera vivienda, advirtiendo a las mismas de que, en caso de no hacerlo, dejará de trabajar con ellas. NdP.- Zaragoza, 21 de noviembre de 2012 | IU Aragón reclamará ante el Pleno que el Gobierno de Aragón se dirija al central para que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y del Código Civil y elabore una Ley Orgánica de garantía constitucional al derecho a la vivienda. Una reivindicación …

Foto: AraInfo
La Plataforma Stop Desahucios en la #vada14N. Foto: AraInfo

Izquierda Unida reclama en una PNL que el Ejecutivo autonómico solicite a las entidades bancarias con las que éste trabaja, que realicen una moratoria en los desahucios de la primera vivienda, advirtiendo a las mismas de que, en caso de no hacerlo, dejará de trabajar con ellas.

NdP.- Zaragoza, 21 de noviembre de 2012 | IU Aragón reclamará ante el Pleno que el Gobierno de Aragón se dirija al central para que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y del Código Civil y elabore una Ley Orgánica de garantía constitucional al derecho a la vivienda. Una reivindicación que el grupo parlamentario de IU Aragón trasladará a través de una Proposición no de Ley ante la insuficiencia del Real Decreto Ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y por lo que IU también reclama en su iniciativa que se modifique e incluya medidas para evitar el sobreendeudamiento y que la norma haga posible la dación en pago y la permanencia del deudor de su vivienda habitual.

Cabe recordar que, con fecha 16 de noviembre de 2012, ha sido publicado el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, medidas estas que tienen como objetivo “la atención a las circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro país, motivadas por la crisis económica y financiera, en las que numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones”, lo cual, según este mismo Real Decreto Ley, “exige la adopción de medidas que, en diferentes formas, contribuyan a aliviar la situación de los deudores hipotecarios para paliar el problema de los desahucios”.

Para el portavoz de Urbanismo de IU, Miguel Aso, “es la banca la que ha fijado una vez más las líneas rojas que el Gobierno no debe traspasar y este decreto, que generó muchas expectativas, no resuelve los problemas de la mayoría de la gente frente a un desahucio”. A su entender, “la moratoria de dos años es muy restringida y a la inmensa mayoría de las personas que pueden verse afectadas por un desahucio no le alcanzan las 'bondades' de este decreto”. Además, el diputado de IU ha lamentado que la medida del Ejecutivo tiene “un claro carácter temporal, ya que no recoge cambios legislativos, tanto en la Ley Hipotecaria como en la de Enjuiciamiento Civil”.

“Analizado este Real Decreto Ley, -explica Aso- llegamos a la conclusión de que es nimio en cuanto al número de personas que podrán acogerse a él, insuficiente porque tiene en cuenta muy parcialmente las diferentes circunstancias en que se pueden encontrar las personas afectadas (especialmente las que ya han perdido su vivienda) y completamente subordinado a los intereses de los bancos, que ya adelantaron el concepto de “especial vulnerabilidad”.

“Por si todo esto fuera poco,-añade Aso- su tramitación como Proyecto de Ley, que permitía abrigar algunas esperanzas en cuanto a la mejora del mismo, queda condicionada, porque finalmente, será el BCE quien tendrá que dar su visto bueno, mostrando así la pérdida de soberanía del Estado”.

Ante esta situación, IU Aragón también plantea en su iniciativa que las Cortes muestren  su solidaridad y lamenten profundamente la situación que se está ocasionando a la población española y aragonesa afectada por los desahucios, e insten al Ejecutivo autonómico que solicite a las entidades bancarias con las que éste trabaja que realicen una moratoria en los desahucios de primera vivienda, advirtiendo a las mismas de que, en caso de no hacerlo, dejará de trabajar con ellas.

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